Autoridades de Perú amenazan con penas de hasta 15 años de cárcel a manifestantes
Las autoridades de Perú han amenazado a los manifestantes de Machu Picchu Pueblo de posibles castigos, de hasta 15 años de prisión, en virtud de un decreto aprobado en diciembre pasado. La población de la zona lleva días en protestas para denunciar opacidad gubernamental en el manejo del sistema de venta de entradas al santuario inca.
«Está vigente el Decreto Legislativo 1589, que fue publicado el mes de diciembre, por cuya virtud se sanciona con pena privativa de la libertad de 10 a 15 años a quienes interrumpan las vías de acceso al patrimonio de la nación», dijo el primer ministro peruano, Alberto Otárola, en declaraciones a la prensa.
Ese decreto, que modificó artículos del Código Penal, endurece las penas para quienes dañen infraestructura, servicios públicos y cometan alguna «grave» afectación a la tranquilidad ciudadana.
Los manifestantes de Machu Picchu Pueblo han protestado de varias formas por una polémica venta de entradas de forma digital al santuario histórico.
El descontento se desató después de que el Gobierno peruano adjudicara a una empresa privada, conocida como Joinnus, la comercialización de entradas al recinto; algo que consideran significa una «privatización sistemática» de la ciudadela inca.
Sin diálogo
El conflicto parece no tener una solución a la vista, luego de que la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, no asistiera a la mesa de diálogo entre la población y las autoridades, pese a que había sido pactada con antelación.
