Bajo el lema “Soy PRO-ERD y condeno al TC” cientos de dominicanos de la diáspora se solidarizan con esa organización.
Nueva York: Cientos de dominicanos empezaron a solidarizarse con el Proyecto Exigimos Respeto para la Diáspora (PRO-ERD) ante el abuso de poder de que ha sido objeto esa organización caritativa constituida en el estado de Pennsylvania por parte del Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana, tras haber utilizado su nombre para justificar una sentencia que niega los derechos fundamentales a un ciudadano que buscó el amparo de ese alto tribunal.
El jueves 23 de marzo, el TC arrojó lo que los entendidos del derecho han catalogado como un “adefesio jurídico” o la sentencia # TC/013/23 fundamentada en el expediente #TC-2021-0030 relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el PLD y el Dr. Yomare Polanco Sánchez contra la sentencia número TSE-793-2020 dictada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) el 30 de julio de 2020.
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Según lo expresado mediante dicha sentencia, el Tribunal Constitucional Dominicano (TC) declaró como inadmisible el recurso interpuesto por el PLD y el Dr. Yomare Polanco basado en que este último se había desvinculado del PLD y luego había ingresado al PROYECTO EXIGIMOS RESPETO PARA LA DIASPORA (PRO-ERD) catalogando o entrando a esta última organización en la categoría de Partidos o Movimientos Políticos, causando en un daño de consideración mayor al prestigio y principios del buen nombre de (PRO-ERD), ya que es todo lo contrario, como su nombre lo indica, es una organización caritativa que surgió como una respuesta a la delincuencia política, jurídica y gubernamental de la República Dominicana y los abusos que cometen en perjuicio de la diáspora.
El presidente de (PRO-ERD), Esteban Cabrera, dijo este domingo que todas las opciones legales están sobre la mesa y que el PROYECTO EXIGIMOS RESPETO PARA LA DIASPORA (PRO-ERD) no tendrá límites en la defesa de su buen nombre e integridad como una organización fundada bajo el rigor de las leyes norteamericanas, por lo que se evalúan acciones de diferentes índoles, que van desde la persecución judicial civil de forma individual a cada uno de los jueces de TC que se apandillaron para dañar el nombre de (PRO-ERD) a través de una sentencia. También evalúan interponer un recurso de amparo ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU e incluso, interponer un recurso ante El Departamento de Estado norteamericano para que se considere aplicar a dichos jueces y políticos que les ordenaron, la Ley “R.I.C.O”.
Según el Departamento de Justicia de EE.UU., la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por la Mafia (RICO, por sus siglas en inglés) fue aprobada por el Congreso «para erradicar el crimen organizado en Estados Unidos.» La ley tiene alcance internacional, su objetivo es perseguir a los jefes de la mafia que escapan a la acción de la justicia porque ocultan sus delitos, supuestamente ordenando a otros.
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