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Cinco del caso Coral pasan su primera noche en Najayo

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Santo Domingo, RD: Son cinco, dos oficiales de la rama militar y uno de la Policía, un cabo y su madre, pastora y asimila­da de este cuerpo de or­den público, que ya pa­saron su primera noche y hoy entran al segundo día bajo prisión preventiva en la cárcel Najayo-Hombres y Mujeres, de San Cristó­bal, tras ser imputados por el Ministerio Público de formar un entramado mi­litar-religioso que estafó con más de 3 mil millones de pesos al Estado.

El grupo llegó temprano en la mañana de ayer a ese re­cinto carcelario, siendo el caso más llamativo el del mayor general Adán Cáce­res Silvestre, el jefe de es­colta del expresidente Da­nilo Medina, seguido del teniente coronel de la Po­licía, Rafael Núñez de Aza, el cabo policial Tanner An­tonio Flete Guzmán, el hijo de la pastora Rossy Guzmán Sánchez, y el sargento Ale­jandro José Montero Cruz.

Los cinco deberán cumplir 18 meses de prisión preven­tiva en el centro penitencia­rio, sujeto a que en el curso del proceso a alguno de es­tos le sea variada la medida de coerción que le impuso la jueza Kenya Romero.

La pastora Rossy Guzmán Sánchez está recluida en la prisión Najayo-Mujeres por igual tiempo de 18 meses.

En el caso del mayor Raúl Girón Jiménez, su prisión domiciliaria ya la está cum­pliendo en un lugar sólo conocido por el Ministerio Público y el tribunal, por cuestión de seguridad.

El grupo fue enviado a pri­sión tras la jueza Kenya Ro­mero acoger una solicitud del Ministerio Público.

Los fiscales habían pedido declarar complejo este caso y así fue acogido por el tri­bunal. Wilson Camacho, el director de la Procuraduría Especializada de Persecu­ción de la Corrupción Ad­ministrativa (Pepca), dijo que el hecho de que un gru­po haya tomado dinero pú­blico para su bolsillo es en un asunto grave. “Son co­sas”, dijo Camacho, “que el Ministerio Público preten­de que con el procesamien­to que se está haciendo es­tos hechos de corrupción se corrijan en el futuro”.

El mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, testigo de la fiscalía, beneficiado con prisión domiciliaria por sus delaciones contra la presunta red de corrupción que dirigía el mayor general Adán Cáceres Silvestre, dijo que no quería seguir mintiendo y admitió su responsabilidad en el caso de corrupción

 

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