Código Penal aprobado en el Senado limita a 20 años la persecución de la corrupción
La persecución e investigación por delitos de corrupción estaría limitada a 20 años luego de cometidos los ilícitos, de acuerdo al proyecto de ley de Código Penal aprobado en primera lectura en el Senado y que se encuentra bajo estudio en una comisión especial de la Cámara Alta.
Según la iniciativa aprobada, los delitos de corrupción se extinguirían 20 años después de cometidos, por lo que el sistema de justicia dominicano no podrá indagar ni castigar los ilícitos administrativos si se cometieron dos décadas atrás.
La prescripción de la corrupción, establecida en el artículo 328 del proyecto, ya estuvo estipulada en la misma iniciativa de Código Penal que se aprobó en el 2022 en el Congreso, pero que nunca prosperó por diferencias ideológicas en temas como el aborto o la discriminación.
“Las infracciones contra el patrimonio público prescriben en un plazo de 20 años, computados en los términos del Código Procesal Penal”, reza de manera íntegra el artículo 328 del proyecto aprobado el martes en el Senado.
El mandato está dispuesto en un grupo de artículos en la iniciativa que detallan los delitos considerados como corrupción, entre los que se encuentran la concusión, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de fondos públicos, el enriquecimiento ilícito, el conflicto de intereses, la sobrevaluación ilegal, el peculado o los pagos irregulares.
De acuerdo con el proyecto, que ahora analiza una comisión especial antes de su aprobación en segunda lectura, la corrupción se constituye como como cualquier acto en el que un funcionario obtenga beneficios económicos ilegales aprovechándose de su cargo o cuando mal utilice los fondos que estén bajo su responsabilidad.
Como consecuencia a este delito, el proyecto del Código Penal propone que la corrupción alcance hasta los 10 años de cárcel, además de la inhabilitación temporal para ejercer funciones públicas, dependiendo de la ilegalidad cometida.
Cuando fue aprobado en el 2022 en el Senado, el congresista Antonio Taveras propuso una modificación al proyecto del Código Penal para que se permita la imprescriptibilidad de la corrupción, que favorecería la persecución de la corrupción sin límites de tiempo.
Sin embargo, su sugerencia fue rechazada porque el Pleno del Senado que consideró la propuesta “inconstitucional“.
