¿Cómo Rafael Canó pasó de ser imputado a testigo estrella?
Rafael Canó Sacco era uno de los funcionarios de primera línea del entramado de corrupción desmantelado a lo interno de la Procuraduría General de la República (PGR) quien, según la acusación, recibió al menos 21 millones de pesos en efectivo, solo de una constructora. Ha pasado a ser la pieza clave en la denominada operación Medusa pero ¿Bajo qué circunstancias esa persona con evidente responsabilidad penal ha pasado a ser testigo estrella?
Hasta el momento, la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción Administrativa (Pepca) no ha revelado la modalidad en la que aceptó no acusar al exdirector de gabinete de la PGR de soborno, lavado de activos, corrupción y las demás calificaciones jurídicas de la acusación.
¿Será un criterio de oportunidad? ¿Será que harán un proceso penal abreviado en el cual él acepte los cargos y se declare culpable? Cualquiera de los dos procesos deberá ser autorizado y avalado por un juez competente, según estable el Código Procesal Penal dominicano.
La acusación presentada contra el ex procurador general, Jean Alain Rodríguez y otras 40 personas, describe que después de Jean Alain, Canó Sacco era el ejecutivo de la red de corrupción. De hecho, el consejo de defensa del exprocurador afirma que este debe “ser extraditado para que enfrente los cargos aquí en el país y así demostrar quién es el verdadero responsable de todas estas supuestas barbaridades que hemos visto en los medios de comunicación”.
Lo que hacía Canó
El expediente de 12,275 páginas, del cual fue apoderado el juez Amauris Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, establece que la estrategia de entrega de los pagos indebidos, llegando hasta el chantaje, se dividió en tres tiempos o tres responsables dentro de la estructura delictual encabezado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, en primer momento el exdirector de gabinete Rafael Canó Sacco, luego Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y Rafael Mercedes Marte.
Rodríguez Sánchez, Canó Sacco y Rodríguez Imbert crearon una red que funcionaba en forma de pirámide, refiere la acusación en donde se mencionan los millones de pesos que Cano recibió en efectivo, así como las instrucciones que daba a sus subalternos y las diligencias que hizo en procura de cobrar pagos indebidos.
“A raíz de que Jean Alain Rodríguez, sentía que MAC Construcciones, S.RL se estaba retrasando en los pagos, le pide a Rafael Canó Sacco que requiera a Lisandro José Macarulla Martínez ponerse al día con los pagos, mandato que fue fielmente ejecutado por Canó”, dice la acusación en referencia a una de las empresas que trabaja en la construcción de la Nueva Victoria, hoy Las Parras.
La acusación refiere que Rafael Canó instruyó al ingeniero Rafael Calventi Cuello a que buscara contratistas que participaran en el proceso de Licitación Pública Nacional, para la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR La Nueva Victoria).
El gerente del Consorcio Construcción y Transporte de Prefabricados EEC- Pretensados Estructurales Dominicanos, SRL, Daniel Camarena Capriles se convierte en adjudicatario en el LOTE I y como parte del acuerdo devolvió millones de pesos al entramado a través de Cano.
“Directamente a Rafael Canó Sacco le fueron entregado como pagos indebidos fruto del proceso de licitación irregular un total de (Veinte y un millón de pesos) RD$21,000,000.00” y que posteriormente en la próxima entrega de pagos indebidos Rafael Canó Sacco, sale del escenario directo como receptor de los valores, y asume esa operatividad ilícita Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, relata la acusación.
En el caso de Constructora Carrasquero, S.R.L, el Ministerio Público detalla que luego de firmado el contrato, y que se la había pagado el 20% del anticipo, como retribución por haberle asignado la obra, el acusado Ricardo Antonio Carrasquero Frías, entregó a Rafael Canó Sacco RD$ 700,000.00 en efectivo.
En tanto, la Constructora Integrada SAS le entregó un 20% del total de los contratos a Rafael Canó por intermedio de Georgina Isabel Pimentel Alonzo.
“Víctor Lora Imbert a pesar de también tener la función de presidente del Comité de Compras de la PGR, desde el inicio del proyecto Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, le fue encomendada por Jean Alain Rodríguez Sánchez y Rafael Canó Sacco, la tarea de reclutar contratistas de confianza para que resultaren ganadores del proceso de licitación que sería amañado, a cambio del pago de sobornos, que originalmente sería un 20% del monto total del contrato”, detalla el expediente.
La gente que Canó reclutó
Unos días después, Rafael Canó Sacco le dice a Víctor Manuel Lora Imbert, que Jean Alain Rodríguez Sánchez aprobó la adenda para la empresa Constructora Woxxen S.R.L, pero con la condición de que debían devolver RD$50,000,000.00, que le externara eso a Pezzoti, y que, si no estaba de acuerdo, la adenda no se firmaría, ya que eso no era negociable, que era algo a lo que sólo podía adherirse.
Una de las personas que se encargó del reclutamiento de contratistas para adjudicarle los procesos en el Plan de Humanización, es el ingeniero Antón Casasnovas Nolasco, quien poseía una relación de extrema cercanía, desde los estudios secundarios, con Rafael Canó Sacco y el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez. Este le presentó los perfiles de varias empresas que fueron aprobadas por Canó.
