Conocerán coerción a exencargados de seguridad del Inaipi, Senasa y las Edes
Santo Domingo, RD.- El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, conocerá la tarde de este lunes la solicitud de medida de coerción contra los civiles y militares señalados como parte de una estructura delictiva.
La misma acusada de pagar sobornos para suplir seguridad privada a instituciones públicas.
En las próximas horas, el juez Rigoberto Sena pretende conocer la solicitud de medida de coerción que hace el Ministerio Público contra los exencargos de seguridad de del Inaipi, Senasa, las empresas distribuidoras de electricidad y otros acusados de recibir y pagar sobornos para contratar con el Estado.
Conocimiento del expediente
La audiencia la aplazaron el pasado jueves, a los fines de que las partes tomarán conocimiento del expediente de más de 400 páginas que narran la manera en que los imputados se asociaron para solicitar y otorgar sobornos que garantizará la adjudicación a de contratos de servicios de seguridad privada a tercero.
El Ministerio Público dice contar con más de 500 elementos de pruebas que demuestran que los funcionarios públicos detenidos habrían demandado y recibido sobornos de entre un 5 y un 10 por ciento de los montos que pagaban mensualmente sus instituciones a las empresas de que suplian servicios de seguridad privada.
De manera específica, la solicitud de medida de coerción señala que la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral ( Senase), del empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, pagó más de 108 millones de pesos en sobornos desde el año 2012 hasta el 2025.
Sobornos por contratos de seguridad
El Ministerio Público solicita que se imponga prisión preventiva contra las 10 personas físicas que se encuentran detenidas y que se declare complejo el caso, a los fines de que se otorgue un plazo de investigación ampliado.
Reveló que una red de militares y civiles habría manipulado licitaciones públicas, cobrado comisiones ilegales y exigido sobornos millonarios a empresas proveedoras de servicios de seguridad para garantizarles contratos y agilizar sus pagos. Estas maniobras fraudulentas se ejecutaron entre 2012 y 2025 y forman parte del expediente de la operación Lobo.
