Conozca a quienes Báez Figueroa pide investigar por presunta irregularidad en liquidación de Banninter
El empresario Ramón Báez Figueroa, quien en el pasado fue condenado a prisión por la estafa multimillonaria en el Banco Intercontinental (Banninter), anunció que ha iniciado algunas acciones legales, por el supuesto manejo irregular de al menos 80 millones de dólares durante la liquidación del banco que presidía hace 20 años.
Sus reclamos se centran en la revisión del proceso de venta de Delta Comercial y las negociaciones de la cartera de préstamos.
Báez Figueroa cuestiona la transición de la propiedad de Delta Comercial de Baninter al Grupo Najri por un total de 90 millones de dólares, de los cuales sostiene que solo se entregaron 10 millones de dólares.
El exbanquero ha solicitado a la Procuraduría General de la República una investigación contra casi 20 personas y empresas por estas supuestas anomalías en el proceso de liquidación: José Antonio Najri Cesani, Marcial Najri Cesani, José Lois Malkún, Apolinar Veliz, Félix Calvo, Julio Cross Frías, Luis M. Catano Tavarez, Cesar Augusto Gómez Díaz, Keryma Marra Martínez y Manuel de Jesús Viñas.
También están en la denuncia de Báez Figueroa Tim Hayward, Mark Fitzpatrick, “Júpiter Motors, S.A.”, “Safari Motors, S.A.”, Grupo Najri, Delta Comercial, S.A.”, The Bank of Nova Scotia (Scotiabank)”, Ervin Novas Bello, gerente del Banco Central, y José Manuel Taveras Lay, contralor del Banco Central
Según explica el controvertido exbanquero, los señalados fueron partícipes de al menos 12 violaciones a la Constitución. A raíz de esto, se exige que sean investigados y sometidos por testaferro, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores, soborno y coalición de funcionarios.
Se recuerda que Báez Figueroa fue condenado a diez años de prisión en octubre de 2007, por cargos de abuso de confianza, tras el colapso de Baninter, y que provocó, a su vez, una crisis económica sin precedentes en el país.
El exbanquero fue puesto en libertad condicional en agosto de 2013, por el juez de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal, José Ignacio Medrano Queliz, teniendo como requisito presentarse el último viernes de cada mes, orden que se mantuvo hasta septiembre del 2017.
