Continúan investigando a tres diputados señalados en Operación Falcón
El Ministerio Público “continúa investigando” a los tres diputados que son señalados en el caso de presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico y que se ha denominado Operación Falcón, informó una fuente del organismo persecutor.
“El acto conclusivo” de la pesquisa, que se inició hace más de un año, “será aquel que determinen las pruebas” obtenidas, agregó la fuente.
El juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Nelson Estévez Lavandier, fue el designado por esa alta corte para llevar el proceso contra los legisladores Faustina Guerrero Cabrera, de El Seibo; Nelson Rafael Marmolejos Gil, de Santiago, y Héctor Darío Féliz Féliz, de Oviedo, Pedernales. Los dos primeros del PRM y el segundo miembro del PRD, quienes tienen jurisdicción privilegiadas.
Las autoridades han acusado a más de 30 personas en la Operación Falcón, incluido a los tres diputados, a cuyo grupo se le atribuye grandes cantidades de drogas incautadas en el país y Puerto Rico.
Según el Ministerio Público, la red operaba en la zona norte de República Dominicana, especialmente en Santiago, pero con ramificaciones en la región Este. Entre los cargamentos de droga a los que se ha vinculado al grupo de Operación Falcón figura un alijo de 1,786 kilogramos ocupado por las autoridades de Puerto Rico en noviembre de 2016, uno de 500 kilogramos de cocaína introducido a esa misma isla en diciembre de 2018, y otro de 722 paquetes ocupados por la DNCD en Boca de Yuma, en noviembre de 2018.
Por los encartados, que fueron sometidos en la jurisdicción ordinaria, al Ministerio Público se le otorgó un plazo para que presente acusación formal debido a que hay imputados a los que se les ha impuesto medidas de coerción, entre ellas la prisión.
Estévez Lavandier también es el juez de instrucción en el caso, igualmente de supuesto lavado de activos por asuntos de drogas, de la diputada de La Vega, Rosa Amalia Pilarte López, investigada, pero por el proceso en el que está envuelto su esposo Miguel Arturo López Florencio (Miky López) y dos hijos de ambos. Por parte de la Procuraduría, las investigaciones están a cargo del procurador adjunto Pedro Inocencio Amador Espinosa.
“El control de la investigación”
El abogado Amadeo Peralta explicó a Diario Libre que el juez de instrucción, en este caso de la SCJ, se solicita para que autorice a los representantes del Ministerio Público todos los procedimientos para los cuales está obligado por ley contar con la anuencia de ese representante del Poder Judicial.
Entre las medidas que debe consentir este magistrado que, según Peralta, es también llamado juez de control “por ser el control de la investigación, se incluye ordenes de allanamientos e informes financieros”. Afirma que la investigación no tiene tiempo límite porque la persona investigada no está privada de libertad. “Pero ya cuando deposite acusación ahí va a cambiar la situación procesal de ellos (los diputados)”, aclaró el abogado.
Amadeo Peralta es el abogado que representa a los querellantes contra el diputado de Santiago Gregorio Domínguez, quien es acusado de despojar a supuestos dueños de unos terrenos de Punta Rucia, en Puerto Plata. El juicio de fondo contra Domínguez está programado para concluir este jueves en la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.
Sostuvo que en este caso el Ministerio Público presentó acusación y acto conclusivo a la vez porque solo había que confirmar si el desalojo que alegan los demandantes fue ilegal. Aseguró que el congresista, también del Partido Revolucionario Moderno (PRM), es investigado por otros asuntos más graves por la Procuraduría y en cualquier momento se le haría la imputación formal.
Incautan bienes a esposo de diputada
El martes de esta semana el Ministerio Público incautó propiedades a la pareja de la diputada de El Seibo, Faustina Guerrero Cabrera, ambos vinculados en la Operación Falcón.
Fuentes informaron que los inmuebles, que incluyeron locales y fincas, incautados a Juan Maldonado, esposo de Faustina, están ubicados en Santiago, el Distrito Nacional y el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo. Ambos son miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM). También fueron ocupadas propiedades de Kelvin Torres, otro acusado en la red.
Juan Maldonado Castro fue exdirector de Comunidad Digna en la actual gestión gubernamental, puesto del cual fue removido tras ser implicado en el caso de droga, en el cual se ha acusado a unas 30 personas. Las operciones del Ministerio Público se hacen previo a vencer el plazo de 15 días que le fue otorgado para presentar la acusacion formal en contra de los que ha sometidos en la justicia ordinaria, en la provincia Santiago de los Caballeros.
A los incluidos en lapresunta red se les acusa de incurrir en los delitos de asociación de malhechores, narcotráfico, lavado de activos y tráfico de armas de fuego.
