Contrataciones Públicas someterá a la justicia exadministradores Dell Inabie
SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) remitirá a la Procuraduría General de la República (PGR) los resultados de sus investigaciones en torno a supuestas irregularidades en administraciones pasadas del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).
El director general de la DGCP, Carlos Pimentel, expresó que la informaciones recabadas hasta el momento por su oficina «tienen indicios de naturaleza penal» e involucran a «exfuncionarios del pasado Gobierno y de las autoridades salientes en el Gobierno actual», así como a proveedores que incurrieron en modalidades de contratación fraudulentas.
Un comunicado de la DGCP aseguró que Pimentel habló así durante una visita que realizó al director del Inabie, Víctor Castro, a quien pidió colaborar con «toda la documentación necesaria tendente a robustecer el referido informe».
Castro, agregó la información, acogió la solicitud y reiteró el compromiso de su gestión con la transparencia en procura del fortalecimiento institucional del Inabie, organismo descentralizado del Ministerio de Educación que tiene a su cargo el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de las escuelas públicas.
En el encuentro, Pimentel también destacó que todas estas acciones se desarrollan de manera paralela al conocimiento de los recursos interpuestos por varios suplidores que participaron en dos procesos de licitación, a los que se le dará respuesta «tras agotar el debido curso legal».
Las investigaciones en torno a estos procesos se realizaron junto a la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, afirmó Pimentel.
El presidente Luis Abinader nombró a Castro en noviembre pasado, luego de destituir a Cecilio Rodríguez, luego de que este despidiera a varios funcionarios de Inabie tras denuncias de supuestas irregularidades cometidas durante un proceso de adjudicación a suplidores del almuerzo escolar.
Esas denuncias aseguraban que fueron otorgados contratos a suplidores que, presuntamente, no cumplían con las condiciones de la licitación y de que se habían despojado a otros de adjudicaciones ya otorgadas.
