Corte de Apelación rechaza recusación del Ministerio Público contra jueza del caso INTRANT
Santo Domingo.- La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la recusación interpuesta por el Ministerio Público contra la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, quien conoce el proceso judicial relacionado con el caso de presunta corrupción administrativa en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
El Ministerio Público, representado por los fiscales Jonathan E. Pérez Fulcar y Mirna J. Ortiz Fernández, había solicitado la recusación alegando parcialidad de la magistrada Padilla. Según la instancia, la jueza mostró un supuesto «favorecimiento injustificado» hacia el imputado José Ángel Gómez Canaán (alias «Jochi Gómez») al autorizar reiteradamente permisos de salida del país hacia jurisdicciones vinculadas a la investigación por lavado de activos.
Entre otros puntos, la recusación también señalaba supuestas contradicciones jurisprudenciales en decisiones previas de la jueza y una supuesta violación al principio de separación de funciones, al limitar según el Ministerio Público el alcance de la investigación penal.
No obstante, tras analizar los argumentos, la Corte concluyó que no existen fundamentos legales ni evidencias suficientes que justifiquen la recusación, y consideró que las decisiones adoptadas por la jueza Padilla se encuentran dentro del marco de su competencia legal y conforme a los principios del debido proceso.
La Corte también destacó que muchas de las resoluciones citadas como prueba por el Ministerio Público no fueron apeladas en su momento, y que la recusación parece responder a desacuerdos con decisiones judiciales ya emitidas, en lugar de evidencias de parcialidad real.
El tribunal recordó que la recusación no debe utilizarse como vía de impugnación indirecta de decisiones jurisdiccionales y advirtió sobre el uso temerario de esta herramienta, indicando que su utilización sin fundamentos válidos puede ser considerada como un intento de dilatar el proceso judicial.
La jueza Patricia Padilla podrá continuar conociendo el caso, en el que se investigan supuestas irregularidades en contrataciones y manejos de fondos públicos vinculados al proceso de licitación adjudicado a la empresa Transcore Latam, entre otras entidades y personas físicas.
La resolución fue adoptada por unanimidad por los jueces Doris Josefina Pujols Ortiz, Ramona Rodríguez López y Rafael A. Báez García, quienes firmaron la decisión junto al secretario del tribunal, Robert J. Infante Mejía.
