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El juicio contra el venezolano José Antonio Ibarra, acusado de secuestrar y asesinar a golpes a una estudiante universitaria en Georgia, está previsto para comenzar el 18 de noviembre, determinó este viernes el juez a cargo del caso.
Ibarra, de 26 años, compareció ante el magistrado H. Patrick Haggard durante una breve audiencia en el Tribunal Superior del condado de Athens-Clarke, al noreste de Atlanta, donde estuvieron presentes familiares de Laken Riley, la joven de 22 años cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 22 de febrero en una zona boscosa de la Universidad de Georgia (UGA).
Encadenado, esposado y custodiado por tres oficiales, Ibarra tenía puestos unos audífonos para escuchar la traducción al español de la audiencia.
El magistrado anunció que tentativamente la selección del jurado comenzaría el 13 de noviembre, mientras que los fiscales dijeron que esperan que el juicio concluya antes del feriado del Día de Acción de Gracias, que este año se celebra el 28 de noviembre.
Ibarra, quien se declaró no culpable, está acusado de 10 cargos, entre ellos, asesinato, secuestro, agresión agravada, intento de violación y manipulación de pruebas, y de ser hallado culpable enfrenta una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de salir bajo libertad condicional.
De acuerdo con los fiscales, el imputado trató de violar a la joven, le golpeó la cabeza con una piedra en «multiples» ocasiones hasta desfigurarla y la asfixió, y luego, escondió su chaqueta y guantes en un intento de encubrir el crimen.
El sospechoso fue arrestado un día después en unos apartamentos en Athens, cerca de los senderos que conducen al lugar donde se encontró el cuerpo de Riley y desde entonces permanece detenido sin derecho a fianza.
Los restos de la estudiante fueron hallados luego de que su compañera de dormitorio diera aviso a la policía universitaria de que ella no había regresado después de salir a trotar en la mañana.
El asesinato de Riley revivió el debate migratorio en Georgia e impulsó a la mayoría republicana en la legislatura estatal a aprobar una nueva ley que exige a los departamentos de policía y alguaciles que verifiquen el estatus migratorio de los detenidos y que notifiquen al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) si están indocumentados.
El caso también fue usado por el expresidente Donald Trump (2017-2021) en su campaña como parte de su retórica antiinmigrante y de criminalizar a los indocumentados, a pesar de que las estadísticas reflejan que es menos probable que los extranjeros cometan delitos en comparación con los estadounidenses.
