Cuerpos de seguridad cometieron 75 asesinatos ilegítimos o arbitrarios en 2023, dice EE.UU.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó, según el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las prácticas de derechos humanos en 2023 en la República Dominicana, que 75 personas fueron asesinadas de forma «arbitraria o ilegítima» entre enero y septiembre del pasado año por parte de organismos de seguridad del país.
Algunos de esos incidentes, sostiene el reporte del gobierno estadounidense, pueden ser clasificados como «abuso por parte de la policía» y otros no fueron denunciados por «falta de fe del público en el gobierno para investigar y presentar cargos o por temor a represalias por parte de la policía».
Éste informe asegura que el gobierno «no tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos». En él figuran las «cuestiones importantes de derechos humanos», con la ausencia de documentos creíbles con informaciones de homicidios ilegítimos o arbitrarios, tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte del gobierno.
«Si bien la Procuraduría General de la República procesó algunos casos de abuso por parte de la policía, representantes de la sociedad civil afirmaron que muchos asesinatos y abusos no fueron denunciados debido a la falta de confianza del público en el gobierno para investigar y presentar cargos o por temor a represalias por parte de la policía», sostiene la publicación anual.
Privación arbitraria de la vida y asesinatos ilegítimos o por motivos políticos
Como indica el Departamento de Estado, hubo varios informes de que la Policía Nacional, y otras fuerzas de seguridad del gobierno, «cometieron homicidios arbitrarios o ilegítimos durante el año».
En total, la comisión ha afirmado que fueron 75 las personas asesinadas entre enero y septiembre. Algunos de estos casos fueron procesados como abusos por parte de la policía, pero otros aseguran que no fueron denunciados debido a «la falta de fe del público en el gobierno para la investigación», incluso por temor a las represalias por parte de la policía.
Para sostener su posición, el informe ha puesto como ejemplo el caso de Dieumil Charles, residente legal documentado que, según el Movimiento Social de los Trabajadores, miembros de la Policía Nacional lo mataron en febrero del año pasado después de intentar «extorsionarlo durante una parada de tráfico»
«Según los informes, la policía lo transportó a una zona apartada, lo golpeó y le disparó, luego confiscó sus documentos, dinero, celular y motor», declara la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
De igual modo, aseguran que hubo informes de «muertes inexplicables» que ocurrieron durante las distintas operaciones de detención y deportación de migrantes.
En este caso, pusieron el ejemplo de una intervención migratoria cerca de Cap Cana, donde la policía y agentes de migración «supuestamente dispararon contra un grupo de trabajadores de la construcción, matando a Jean Modes Fontas e hiriendo a otras personas, incluidas personas que fueron enviadas para ser deportadas a pesar de sus heridas»
Torturas y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y abusos conexos
En esta sección del informe, el Departamento de Estado de EE.UU. ha explicado que, aunque la ley prohibe la tortura, golpizas y abuso físico, hubo informes de que miembros de la Dirección General de Migración (DGM) y otras fuerzas de seguridad del gobierno «sometieron a personas, principalmente de ascendencia haitiana, a tratos degradantes y abuso físico».
Tanto las organizaciones internacionales y locales han expresado en este documento su preocupación por los duros tratos, y a menudo degradantes, por parte de la DGM y demás fuerzas de seguridad ante estas personas en centros de detención en Haina y Santiago.
Entre las preocupaciones que denuncian están:
- Detenciones arbitrarias
- Abuso físico de los detenidos
- Entradas a domicilio sin orden judicial
- Revocación o destrucción de documentos de identidad
- Robo de pertenencias personales
- Extorsión
- Violencia sexual
- Acceso inadecuado a alimentos, agua y atención médica en centros de detención durante los procesos de deportación
- Deportación ilegal de niños, madres embarazadas o lactantes y ancianos
- Otros tratos hostiles y abusivos.
En concreto, en el informe se hace eco del allanamiento de salas de maternidad de hospitales en todo el país por parte de la DGM, policía y unidades, denunciadas por medios de comunicación y grupos de sociedad civil, donde detuvieron a mujeres embarazadas, en posparto y lactantes que «no pudieron demostrar de inmediato su estatus de residencia».
En última instancia, manifiestan que éstas fuerzas de seguridad y DGM supuestamente comenzaron a hacer guardia en hospitales para «intimidar o negar la entrada a cualquier persona de ascendencia haitiana que no pudiera demostrar su estatus de residencia».
Además, han notificado la posterior muerte de mujeres embarazadas o abortos espontáneos bajo custodia, debido a abusos físicos o falta de acceso a atención médica.
Cómo explica la Comisión Nacional de Derechos Humanos en éste informe, la impunidad ha seguido siendo un problema dentro de las fuerzas de seguridad, en particular la Policía Nacional y DGM.
