Cuestionamientos y controversias en Ecuador por decreto presidencial sobre porte de armas

Quito: Sectores de la sociedad ecuatoriana mostraron durante las últimas horas su rechazo al decreto sobre porte y tenencia de armas de uso civil para defensa personal, emitido por el presidente Guillermo Lasso el 1 de abril pasado.
Universidades públicas y privadas, entre ellas la de Cuenca, Politécnica Salesiana (Azuay), la Universidad de las Artes, la Nacional de Educación de Azogues, la Estatal de Bolívar y la Politécnica de Chimborazo emitieron comunicados a través de los cuales cuestionaron la medida.
Estas casas de altos estudios propusieron que, en lugar de autorizar el porte de armas, se trabaje de conjunto con la Policía para mejorar la seguridad ciudadana. Por otro lado, subrayaron la necesidad de impulsar políticas públicas que promuevan la educación, el empleo, la vivienda y la prevención de la delincuencia.
En esta dirección también se pronunció la exsubsecretaria de Derechos Humanos, Emilia Carrasco, quien expresó a medios locales que “la mejor forma de combatir la delincuencia y el crimen es reducir la desigualdad y la pobreza”. Aseguró que en ningún país hay correlación entre el porte de armas y la disminución de la violencia.
A juicio del sociólogo y docente universitario, David Chávez, el decreto de Lasso “demuestra que el Estado ha renunciado a su responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana y que no tiene capacidad para responder a la inseguridad en el país”.
Otro docente, Freddy Rivera, aseguró que “la ciudadanía queda en medio del fuego cruzado entre los criminales y la inacción del Estado”. Asimismo, lamentó que el Gobierno incumpla tratados y convenios internacionales que lo obligan a proteger a su población.
En opinión del exministro del Interior, Patricio Carrillo, el decreto presidencial va en dirección contraria al resto de las naciones. “La mayoría de las sociedades han eliminado o buscan cerrar el acceso a las armas”, resaltó. Además, cuestionó la decisión del mandatario por su carácter inconsulto y sin un debate previo.
Al anunciar la medida, el presidente Lasso señaló que era urgente y serviría para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado.