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Cuestionan atención emergencias de clínicas privadas dominicanas

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Santo Domingo, 11 feb (Prensa Latina) Quejas de los últimos días reabrieron el debate hoy  sobre la atención que se brinda en las emergencias de las clínicas privadas de Republica Dominicana.

A pesar de no ser nuevo el asunto y arrastrarse por años en el país, al parecer está agravado en los últimos tiempos y la indiferencia y otras manifestaciones de deshumanización han hecho presencia en los mencionados centros de salud.

Según medios de prensa, entre los principales problemas que están en la palestra se denuncian la exigencia de un depósito económico para poder ingresar, «rebotes» o alegación de falta de camas al momento de un referimiento y largas horas en emergencias en espera de espacios.

Ante la avalancha de quejas, la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, manifestó que ellos no violentan la ley cuando cobran depósito o anticipos a pacientes al momento del internamiento, y atribuyó las dificultades a la no aplicación de la Ley de Seguridad Social.

Y explicaron como la responsabilidad de las clínicas es estabilizar a los pacientes que llegan a sus emergencias, pero al momento de ingresarlo debe tener una garantía de financiamiento, porque esos centros no reciben subsidio del Estado ni el ajuste por la inflación y en ocasiones, aunque tienen carnet de seguro, no tienen la cobertura necesaria.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, José Manuel Vargas, entiende que todos los actores del sistema deben ponerse de acuerdo en beneficio del paciente, sobre todo en un momento en el cual todavía la población vive bajo el impacto de la pandemia de la Covid-19.

Asimismo, entiende que los prestadores deben ponerse de acuerdo con las autoridades para evitar haya esas barreras de acceso a la salud las cuales van en perjuicio del paciente y del afiliado al sistema.

Sin dudas se está frente a un problema que está en juego la vida de las personas al margen de cualquier otra consideración y las autoridades sanitarias deben tomar cartas en el asunto pues la salud pública es uno de los principales derecho de las personas y debe estar por encima del mercado.

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