Danilo Burgos cree habrá consenso legislativo para resolver crisis de la SEPTA en Pensilvania

Harrisburg, PA: El Representante estatal por el Distrito 197, Danilo Burgos, dijo la tarde del viernes 8 de agosto en una exclusiva con el periódico El Faro Latino que tiene la certeza de que en los próximos días habrá un consenso legislativo entre demócratas y republicanos que ponga fin a la crisis que podrían llevar a la Southeastern Pennsylvania Transportation Authority ( SEPTA), en español, Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania, cuyo plazo es hasta el 24 de este mes de agosto para iniciar una serie de recortes drásticos que afectarían a los usuarios.

“La propuesta del bloque Demócrata (Casa de Representantes), conocida como House Bill 1788 , propone destinar un 1,75% adicional de la recaudación del impuesto estatal sobre ventas a las agencias de transporte público, generando aproximadamente $600 millones para el fondo de movilidad estatal. Este proyecto incorpora demandas clave de los republicanos, como inversiones en carreteras y puentes, especialmente en áreas rurales, y exige a las agencias de transporte que presenten proyectos público-privados y estrategias contra la evasión de tarifas. Si las agencias incumplen, podrían perder parte de los fondos estatales”, dijo Burgos.

La medida ya fue aprobada en comisión con apoyo bipartidista (16‑10) y se espera una votación en el pleno del Congreso estatal en los próximos días.

Propuesta Republicana (privatización parcial / supervisión)

Rep. Jesse Topper (líder republicano en la Cámara)

El Rep. Jesse Topper (líder republicano en la Cámara) presentó un proyecto para crear una asociación público-privada encargada de operar al menos parte del sistema de autobuses de SEPTA. La idea es que un operador privado asuma los costos operativos y reduzca la carga financiera sobre la agencia pública.

En paralelo, el senador republicano Joe Picozzi propuso una legislación focalizada en aumentar la transparencia y responsabilidad de SEPTA. El plan exige que la agencia entregue informes bianuales sobre su estabilidad financiera, el uso de fondos estatales, medidas contra la evasión tarifaria, rutas optimizadas y que implemente estándares mínimos de desempeño. Si no cumple, podría entrar en un plan de mejora supervisado por el Estado

“El estado de Pensilvania, especialmente el condado de Filadelfia, se enfrenta a una de las peores crisis de movilidad urbana de su historia reciente. La Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania (SEPTA) ha anunciado una serie de recortes drásticos a su sistema de transporte público como respuesta a un déficit presupuestario de $213 millones. A falta de una solución legislativa, estos recortes comenzarán a aplicarse el 24 de agosto. Pero lo que está en juego va mucho más allá de balances fiscales. Esta es una crisis política, social y ética que revela la parálisis del poder legislativo estatal y el desprecio hacia las comunidades más vulnerables”, dijo Danilo Burgos.

Burgos significó que durante años, expertos, sindicatos y usuarios advirtieron que SEPTA necesitaba un nuevo modelo de financiamiento. Tras la pandemia, los ingresos por pasajes no se recuperaron del todo, mientras los costos operativos, salarios, combustible, mantenimiento, siguieron en aumento. Los fondos federales de emergencia, que ayudaron temporalmente, se agotaron. “La necesidad de un rescate financiero no fue sorpresiva. Sin embargo, lo que ha fallado es la voluntad política de los republicanos de actuar a tiempo”.

Lejos de buscar soluciones estructurales, los líderes estatales han optado por el enfrentamiento. Mientras la Cámara de Representantes de Pensilvania, controlada por los demócratas, aprobó un paquete de ayuda de $183 millones para evitar los recortes, el Senado estatal, en manos de los republicanos, se ha negado a avanzar la legislación, bloqueándola sin ni siquiera discutirla en el pleno.

¿Cuáles recortes podrían venir si no hay un consenso?

A partir del 24 de agosto, SEPTA reducirá rutas y frecuencias. El 1 de septiembre, impondrá un aumento de tarifas del 21,5 %, golpeando directamente a quienes menos pueden pagar. Para finales de ese mes, congelará por completo las contrataciones.

Pero lo más grave llegará el 1 de enero de 2026, con una segunda ola de recortes que incluye la eliminación de cinco líneas ferroviarias regionales; toque de queda ferroviario a las 9:00 p.m., paralizando trenes nocturnos; cancelación de 18 rutas de autobús adicionales y reducción total de servicio de un  45% menos rutas y frecuencias.

Estas medidas, según SEPTA, son necesarias para equilibrar el presupuesto si no llega ayuda estatal. Pero sus consecuencias serán devastadoras para más de 200.000 pasajeros diarios, en su mayoría trabajadores esenciales, estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad, latinos, afroamericanos y residentes de bajos ingresos.

“Los republicanos argumentan que no liberarán fondos hasta que SEPTA haga “reformas estructurales” y reduzca gastos. Hablan de “ineficiencia” y de la necesidad de “modernizar” el sistema. Pero detrás de ese lenguaje tecnocrático hay una realidad clara, una visión ideológica que desprecia el transporte público y criminaliza el gasto social. El objetivo no es solo castigar a SEPTA, sino enviar un mensaje claro de que en Pensilvania, el Estado no debe garantizar servicios universales si no son rentables. Esta lógica neoliberal ha fracasado una y otra vez, y sin embargo, es aplicada con brutalidad renovada”, planteó el Representante estatal Danilo Burgos.

Dijo que el resultado se traduce en que las comunidades trabajadoras que no tienen otra opción para llegar a sus empleos o escuelas serán abandonadas. El tráfico se disparará. La contaminación aumentará. Y miles quedarán aislados del sistema económico por el simple hecho de no tener un automóvil.

El silencio federal y el riesgo de contagio nacional

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Transporte federal han intervenido para frenar esta catástrofe. La crisis de SEPTA debería ser una alarma nacional. Si el sistema de transporte público de una de las mayores ciudades del país puede ser desmantelado por falta de fondos y voluntad política, ¿qué impide que pase lo mismo en otras ciudades?

“El transporte público es un derecho urbano. No es un lujo. Es la columna vertebral de las ciudades modernas, y su colapso arrastra con él la economía, la educación, la salud y la calidad de vida de millones. La crisis de SEPTA no es un problema contable. Es un fracaso político deliberado. Una traición a la ciudadanía que no debe quedar sin respuesta”, puntualizó Danilo Burgos, representante demócrata por el distrito 197 de Filadelfia, Pensilvania.

Esteban Cabrera es director del periódico El Faro Latino y autor del libro “Privatización  de Prisiones en EE.UU. El Otro Wall Street”.