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De los millones de pesos recuperados tras acuerdos con la Procuraduría

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La Procuraduría General de la República ha subido todos los acuerdos que se han hecho con las personas que han sido investigadas por robo, desfalco, corrupción, asociación de malhechores, lavadores de activos y un gran etc.

Hoy se ven en medios de comunicación las partes principales de este acuerdo de oportunidad, de este criterio de oportunidad que ha manifestado la Fiscalía con algunos de estos investigados inculpados.

se explica que es una forma que tiene la ley de prever aquellos que ayudan en la investigación, que muestran arrepentimiento y disposición de devolver algunos de los bienes robados, pues la Fiscalía puede hacer estos acuerdos y facilita mucho la investigación de la misma.

Esto surge ante la realidad de cómo usted se puede meter en la cabeza de una de un cuerpo que se ha unido para desfalcar, para engañar, ¿para crear toda una estructura mafiosa en poco tiempo?.

Si no es porque dos o tres informan de cómo es el procedimiento y cuando hacen esto, pues obtienen este criterio de oportunidad por parte de la Fiscalía.

Pero es bueno recordar por qué estas personas son acusadas y por qué se le está dando esta facilidad.

A continuación, un resumen de un expediente de 49 páginas, que es uno de ellos que subió la Procuraduría.

Es el expediente contra Ramón Emilio y Meneses, mejor conocido como Milo, la persona más conocida en el ámbito social y político del país.

Algunas de las consideraciones que tuvo el Ministerio Público para darle a él y a otras personas la facilidad de que informaran y no fueran encausados.

Lo primero que establece la Fiscalía es el modus operandi de esta mafia.

Primero identificaban bienes que habían sido declarados de utilidad pública y a cuyos dueños no se les había realizado el pago del justo precio, logrando que el Estado dominicano erogar fondos a base de maniobras fraudulentas, fondos que retornaban y se traducían en grandes beneficios económicos para los funcionarios públicos y particulares que formaban parte de la referida red criminal.

Crearon un esquema que incluía la participación de profesionales en ejercicio privado que tenían la función de tramitar los procesos judiciales y administrativos, por ejemplo.

DETERMINACIÓN DE HEREDEROS

De determinación de herederos e irregulares. Obtención de duplicados de títulos constant anotadas, determinación del justo precio y avalúo y un tiempo récord a fin de crear las condiciones para obtener ganancias ilícitas.

Emitían avalúos para el pago fraudulento de parcelas expropiadas sin los debidos soportes técnicos ni los registros correspondientes. Obtenían los pagos sin cumplir mínimamente con los requisitos exigidos por los procedimientos de pago.

Utilizaron parcelas que no contaban con declaratoria de expropiación o de utilidad pública y social, con el claro interés de realizar pagos fraudulentos y así obtener beneficios para el entramado criminal.

Usaron empresas de carpeta cuya única finalidad era la de cobrar los montos de las sesiones de crédito, las cuales fueron disueltas inmediatamente. Recibieron los fondos públicos fruto del desfalco al Estado dominicano.

Antes ataron las fechas en los acuerdos de reconocimiento de deuda por trabajos adicionales para que pudieran clasificar como deuda administrativa y así poder ser pagados A través del Ministerio de Hacienda.

Utilizaron la dirección de casinos y juegos de azar para realizar cobros ilegales a los dueños de consorcios de bancas, los cuales fueron realizados al margen de la institución por personas asociadas al entramado y para beneficio de este coaccionan a través del Departamento de Fiscalización de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, el cual cerraban los establecimientos comerciales relativos a las bancas de loterías deportivas que no realizaban el pago ilegal requerido, del cual los funcionarios encargados recibían los sobornos.

Fomentaron la instalación de máquinas tragamonedas en los colmados a sabiendas lo ilícito y el daño que esto causa. Un programa realizado por nosotros.

Se comprueba todo esto. Vamos a ver ese resumen que hicimos de una investigación realizada hace unos años en nuestro país.

En algunos aspectos se camina para atrás, pues en vez de que haya más educación y más oportunidades de crecimiento, lo que sí crece exitosamente son las bancas de loterías, ya sean legales o ilegales.

Según el Registro de Haciendas hay 30.974 bancas legales y según el cálculo presentado, ahora podremos hablar de unas 100.000 bancas ilegales.

Una mala jugada para el país, ya que deja de percibir miles de millones de pesos en impuestos. Esta problemática tiene varios puntos a discutir, que ha devenido en una gran maraña o mafia con el contubernio del Estado.

Lo prohibido genera ganancias. Tenemos el testimonio de un inspector que fue cancelado luego de que varios allanamientos a bancas y legal que hiciera, según su jefe, no estaban autoriza.

Si, bueno, buena tarde, a lo mejor no sé, pero me paré en eso. Cuando te digo que no estás autorizado, que el operativo no autorizado. Yo no podría actuar. Se nota autorizado.

El operativo no está autorizado para eso. Ese no ha levantado acta todavía. Devuelvan los aparatos que se llevaron. Ya, ya lo aparatos incautados. Bueno, paren el operativo. Y por favor, necesito que me informe inmediatamente. Usted llega la policía de Santiago. Ya, ya. Las máquinas están incautadas, Ya no se pueden devolver. Bueno, además saben cada de buena. Pero se paró el operativo.

on máquinas ilegales. No son máquinas, están legales. Eso yo no lo sé, porque eso no se verificó aquí. No sé cuándo llega la brigada de Santiago. Necesito el informe. No sé si es OK. Ha estado plagando el país entero de bancas ilegales. Pero también hablábamos de El Guerrero, porque descubrimos tras una investigación y de esos papeles fueron solicitados por PPK.

Cómo Donald Guerrero. En una oportunidad fue dueño de TK y cuando era ministro de Hacienda benefició a esta empresa con un contrato que hizo que la empresa ahorrará mucho dinero, pero que el Estado perdiera millones de pesos. Otro muy mencionado en el expediente es el ingeniero Bolívar Ventura, quien fue muy beneficiado de las obras de muchas obras del estado por Félix Bautista cuando dirigía este.

La hay. Soy. Nosotros hicimos muchos trabajos de investigación por las múltiples irregularidades en el manejo de los contratos públicos. Hoy es uno de los informadores de la Procuraduría y seguimos con el expediente el plan criminal materializado por los acusados José Ramón de Jesús Peralta Fernández y Ángel Donald Guerrero, para beneficiar a la campaña política del acusado. Gonzales Castillo Terrero utilizó las empresas de este ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez, las cuales efectivamente fueron beneficiadas con múltiples libramiento, de cuyos pagos el Ingeniero Bolívar Ventura entregó a la estructura de corrupción de la que forma previamente fueron detallados un aproximado señores de 1.231.993.188 $.

Estos fondos fueron distraídos del erario utilizando maniobras fraudulentas, con lo cual se configuran los tipos penales de coalición de funcionarios, soborno, estafa al Estado dominicano, financiamiento ilícito de campañas y lavado de activos. Vamos a recordar un pedacito de los trabajos que hicimos contra Bolívar Ventura. Uno de ellos es Bolívar, Antonio Ventura Rodríguez, que desde hace muchos años hemos venido realizando trabajos sobre él y su sociedad con Felipe Batista.

También se establece como su compañía de una empresa de diseños y de presupuestos, de carreteras y caminos, fundada en 2006, recibió una gran cantidad de contratas por parte de su socio Félix Bautista, que recuerden que, como dijimos, fue procesado en el 2002 en un juicio disciplinario del Kodiak por sobre valuar varias obras en San Pedro de Macorís y despojar a otros ingenieros de proyectos asignados por obras públicas.

O sea que el dúo Ventura Batista mantenía un vínculo. En ese momento de más de 12 años. Pasamos a uno de los beneficiados por el criterio de oportunidad, como estipula la ley. El procesado Ramón Emilio Jimenez Colli tuvo participación en el desarrollo de las maniobras fraudulentas para estafar al Estado en cuanto al cobro de las deudas administrativas. En ese contexto, según el expediente, Ramón Emilio Jiménez Colín, mejor conocido como Mimi, lo presentó al exministro Ángel Donaire Guerrero Ortiz, al señor Fernando Crisóstomo Herrera, quien entre otras actividades, se dedicaba al cobro de deuda administrativa, que no son más que las obligaciones contraídas por el Gobierno central, las instituciones públicas y autónomas descentralizadas del sector público con proveedores o pulidores, contratistas de bienes, servicios y obras y expropiaciones que no han sido resarcir. Formándose así, entre esto, un concierto de voluntades a los fines de estafar al Estado dominicano. Esta persona, Fernando Crisóstomo Herrera, también fue beneficiado con el criterio de oportunidad. Fue denunciado por nosotros en varios trabajos de investigación. Fernando Crisóstomo, conocido como El Mago, que casualmente tenía la misma oficina que Alexis Medina en el edificio de Alexis Medina el 27 de febrero.

De hecho, Fernando Crisóstomo vino una vez a nuestras oficinas para hablarnos a favor de pagar y hacernos la pregunta de por qué se hacían estos reportajes en contra de esta administración de la Odyssey, cuando había otras cosas que decir bajo el concepto de pago de deuda administrativa por la cantidad aproximada de 30.871.000.000 de pesos por concepto de acuerdos transaccionales, de los cuales ellos han identificado que lograron sustraer aproximadamente este grupo mafioso.

11.962.000.000 de pesos. Y Fernando Crisóstomo distrajo hizo más de 10 mil millones bajo la modalidad de deuda administrativa. Según el ministerio, el acusado Ángel Donal Guerrero fue quien dio instrucciones a Ramón Emilio Jiménez Milo para que entregara el indicado capital ilícito en efectivo al procesado González Castillo, y él mismo siempre confirmaba las entregas de la forma previamente señalada.

Ramón Emilio Jiménez Milo, Por instrucciones directas dadas por el acusado don al Guerrero, entregó directamente al acusado González Castillo Terrero en persona 3.812.000.000 de pesos, quien los recibía en efectivo en bolsas y maletas de viajes en la dirección de casinos y juegos de azar. La estructura no gubernamental compuesta por Ramón Emilio Jiménez, Fernando Crisóstomo Herrera y José Arturo Ureña, con autorización y bajo la dirección del acusado Donald Guerrero, instalaron el denominado Proyecto o Programa, el cual consistía en la gestión de cobro sin base legal mensual de una suma de dinero en efectivo a los dueños de bancas de loterías, bancas deportivas y a los colmados que tuvieran máquinas tragamonedas donde el dinero obtenido de este

cobro fraudulento no entraba a las arcas del Estado. De hecho, en el expediente también se puede leer que hay un testimonio de un dueño de banca que relató lo siguiente En una reunión que tuvo lugar en Blue Mall con Fernando Crisóstomo Herrera, este le exigió al Señor José Melchor González Calderón el pago un mensual de 3 millones de pesos a cambio de dejar de intervenir sus bancas de loterías y deportivas.

Ah, y le dejó en claro además, que si no daban el dinero requerido le iban a caer arriba las bancas del consorcio. En estas circunstancias, el señor José Melchor González Calderón, a los fines de no tener problemas con la Dirección de Casinos y Juegos de azar, accedió a pagar a la estructura no gubernamental la suma de 1 millón de pesos mensuales.

Según el Ministerio Público, el producto final de estos cobros generaron entre 25 y 30 millones de pesos en promedio al mes. Estas cifras corresponden a la primera etapa del proyecto, que duró entre 12 a 14 meses. Tanto Fernando Crisostomo como José Arturo Ureña le correspondía mensualmente la suma que oscilaban entre 1.700.000 $ aproximadamente, y a Ramón Emilio Jiménez le tocaban entre ocho y 11 millones de pesos mensualmente.

Aquí en el expediente está mencionado un diputado por el PRM, uno de los más votados en las últimas elecciones. No está claro qué ha pasado con él. Nos referimos a lo siguiente Dice el expediente que Ramón Emilio Jiménez Milo introdujo a Sergio Moya de la Cruz Gotti al proyecto de cobros ilegales, pues ambos se conocían y este último es un reconocido empresario vinculado al mundo de los jueg

Cuando Sergio Moya de la Cruz Gotti se incorporó al denominado programa continuo bajo el brazo operativo de él hasta mayo del 2020, cuando se sufría el impacto de la pandemia de Kobe en el país. Ahora, visto cómo era el entramado de esa estructura mafiosa, según el Ministerio Público, vamos a conocer el criterio de oportunidad de los cuales fueron beneficiados.

Está mafia. Ahora son informadores, pero antes eran acusados. Establece el Ministerio Público que la colaboración del procesado o Ramón Emilio Jiménez Colli ha resultado eficaz para el avance de la investigación del Ministerio Público, razón por el que procede la aplicación del presente criterio de oportunidad, el cual se apega a las exigencias de la normativa procesal vigente. Es el Ministerio Público.

Lo siguiente que procedo a leer es justo, según ellos, señalar que el procesado Ramón Emilio Jiménez se ha comprometido a continuar cooperando con la investigación del presente proceso y testificar contra las personas que hemos enunciado más arriba. Emilio Jiménez Colín, conjuntamente con su defensa técnica, autoriza que sea decomisado en favor del Estado dominicano la cantidad de 715 millones de pesos pagados inmediatamente en la modalidad de efectivos y bienes inmuebles que el Ministerio Público, de manera expresa, acepte como satisfactorio para los fines de decomisó.

Esto fue firmado hace tan solo unos tres meses, el 20 de abril del 2024. De igual forma, los demás acusados, ahora informadores, tienen montos diferentes y algunos ni siquiera tienen monto, sino suspensión de penas. Vamos a hablar de los que tienen que pagar al Estado. Lo robado, lo tiene digital cada minuto. Una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real sigue el expediente estableciendo que Milo Jiménez, Fernando Crisóstomo Herrera y José Arturo Ureña instruían a Mesina Arvelo para que éste, en su calidad de encargado de operaciones de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, le diera continuidad a los operativos de intervención y cierre de bancas, cuyos dueños no te empeoraban a los

cobros ilegales con el denominado proyecto o programa. La estructura tuvo sumas millonarias a través de los cobros ilegales y autorizados por el Ministerio de El Ministro de Hacienda de ese momento. Según los informantes.

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