Defensa de Adán Cáceres solicita interpelación a directores de persecución de la corrupción

SANTO DOMINGO.- La defensa técnica del general Adán Cáceres Silvestre, principal imputado en el caso de supuesta corrupción conocido como Coral, ha solicitado a la Cámara de Diputados y del Senado, que se realice una interpelación a los directores de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República. Según la defensa, estos funcionarios han cometido faltas graves y violaciones a los derechos fundamentales de su defendido.

En una carta dirigida a los presidentes de las Cámaras legislativas, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, los abogados Cristian A. Martínez, Romer Jiménez y Francisco Álvarez Aquino, expresaron su preocupación por las vulneraciones a los derechos fundamentales que ha sufrido Adán Cáceres Silvestre desde que fue sometido a persecución penal en abril de 2021.

Según la defensa, se ha mantenido al general Cáceres ajeno a los resultados de la investigación en su contra, a pesar de que ha estado privado de libertad durante todo el curso de la misma. Durante diecinueve meses estuvo recluido en una cárcel estatal, y los últimos cinco meses ha estado bajo prisión domiciliaria.

Los abogados alegan que los miembros del Ministerio Público a cargo de la persecución han ocultado al señor Cáceres Silvestre y a su defensa técnica acciones graves, como querellas y acusaciones generadas en distintas etapas del proceso. Además, iniciaron una nueva investigación sin informarle que estaba siendo objeto de una segunda persecución.

En la carta, se detallan una serie de faltas cometidas por la PEPCA y la Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República. Entre ellas se encuentran: No se informó al imputado sobre una segunda persecución iniciada formalmente el 19 de noviembre de 2021, conocida como «Coral 5-G», hasta que se presentó una acusación en su contra. Añaden que tampoco conocieron la querella presentada en su contra por el Estado dominicano el 18 de febrero de 2022 ni de la existencia de una querella con constitución en actor civil presentada por la Fundación Alfredo Nobel Inc. el 29 de octubre de 2021.

La defensa alega que se enteraron accidentalmente de todas estas actuaciones, ya que el Ministerio Público no las informó de manera diligente. En algunos casos, la información les llegó a través de los medios de comunicación y, en otros, por colegas que tuvieron conocimiento casual del asunto. Sin embargo, en todos los casos, la información llegó cuando el imputado ya no tenía oportunidad de ejercer sus medios de defensa.

“Con este modo de proceder, el Ministerio Público se ha colocado de espaldas a la Constitución, el Código Procesal Penal y su propia ley orgánica. Ha vulnerado, entre muchas otras normas de aplicación obligatoria: los artículos 69, 169 y 170 de la Constitución, relativos a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, el deber del Ministerio Público de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y la obligación de ejercer sus funciones conforme los principios de legalidad y objetividad, respectivamente”, explica la misiva.

Además se acusa al órgano encargado de dirigir la investigación penal de haber inobservado el artículo 95.1 del Código Procesal Penal, relativo al derecho que tiene todo imputado a ser informado de inmediato del hecho que se le atribuye. Además, ha violentado los artículos 1 y 15 de la Ley 133-11 Ley Orgánica del Ministerio Público, relativos al deber del Ministerio Público de garantizar los derechos fundamentales y el principio de objetividad, respectivamente.

Expresaron que el Ministerio Público ha irrespetado sentencias del Tribunal Constitucional en materia de derechos fundamentales, a pesar de que tales decisiones son vinculantes o de aplicación obligatoria para todos los órganos del Estado.  

“De forma específica, el comportamiento del órgano investigador irrespetó el criterio fijado por el Tribunal Constitucional en su sentencia TC/0303/18 de fecha 31 de agosto de 2018, mediante la cual estableció la obligación del Ministerio Público de informar de inmediato a todo imputado, sobre las actuaciones dirigidas contra el procesado”, señala el documento depositado a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados.

Los juristas también explican que todos los esfuerzos de la defensa técnica del mayor general Adán Cáceres, han sido frustratorios ante las instancias locales por lograr reivindicaciones de los derechos vulnerados de este.

“Hasta el momento han sido frustratorios todos los esfuerzos de la defensa técnica por lograr, ante las instancias locales, la reivindicación de los derechos vulnerados al ciudadano Cáceres Silvestre, por lo que desde ya estamos dando los primeros pasos para acudir ante el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, a fin de obtener el reconocimiento de los derechos del ciudadano exponente y que se apliquen las correspondientes sanciones al país”, dice la carta.

De acuerdo a los juristas todos los argumentos enviados a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, son claros de conformidad a leyes y la Constitución de la República.