Defensas de Donald Guerrero y Gonzalo Castillo cuestionan acuerdos con acusados en Calamar
En el tercer día del conocimiento de la solicitud de medidas de coerción a los 20 imputados en Operación Calamar, después de dos audiencias recesadas, los principales acusados presentaron sus alegatos a la jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, a fin de que esta rechazara la petición del Ministerio Público (MP) de dictarles prisión preventiva.
El primero en presentar su defensa ayer domingo fue el exministro de Hacienda Donald Guerrero, cuyo abogado, Eduardo Núñez, aseguró que posee “sobrado arraigo” y no ha presentado peligro de fuga o ningún riesgo de obstaculización durante el desarrollo de la investigación que lleva más de dos años”.
Guerrero expondrá ante la magistrada Romero después que los abogados de todos los demás implicados hayan concluido. Luego del exministro de Hacienda, correspondieron los turnos a los exministros Administrativo de la Presidencia y de Obras Pública, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, respectivamente.
La audiencia, como en las otras cinco ocasiones, se realizó a puerta cerrada, mientas el Palacio de Justicia fue de nuevo fuertemente custodiado por vallas y decenas de agentes policiales para evitar incidentes como el primer día que se intentó conocer la coerción.
Ante la prensa, los abogados de Peralta y Castillo, así como los de otros imputados, habían insistido que si hubiesen tenido intención de sustraerse al proceso lo hubiesen hecho porque la investigación se filtró hace más de dos años. Los veinte imputados están presos en “La carcelita” del Palacio de Justicia desde hace 16 días.
“Solo uno”
Previo a entrar al tribunal, el abogado de Donald Guerrero aseguró que los acuerdos de 10 de los 20 señalados en el expediente no tienen valor probatorio ni “asidero jurídico”.
Eduardo Núñez sostuvo, también, que solo uno de los que admitieron su culpabilidad en la supuesta red con la que se estafó al Estado y a sucesores de propiedades que fueron declaradas de utilidad pública, señaló a Guerrero.
Identificó al exdirector de Juegos de Azar, Óscar Chalas, el cual, según dijo, fue destituido en la misma gestión del exministro de Hacienda por “irregularidades en sus funciones”.
“Cuál es la condición probatoria, qué valor de verdad se asocia a un acuerdo que se hace con el Ministerio Público, para que el Ministerio Público venga aquí y varíe inmediatamente la medida de coerción. Eso es un acuerdo que en su mayoría consiste en ‘di lo que yo quiero que tú digas y así te varío la medida’ con asidero jurídico y probatorio ninguno”, afirmó Núñez.
Los que arribaron a un arreglo con el órgano persecutor fueron los imputados Ángel Lockward, Santiago Moquete, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emil José Fernández, Óscar Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
Estos diez señalados en la supuesta trama colaboran con la investigación y se les varió la solicitud de medida de coerción de prisión preventiva por arresto domiciliario. Deberán devolver el dinero sustraído o recibido de manera fraudulenta.
Defensa de Gonzalo
Los abogados de Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial, aseguraron que las delaciones de los testigos contradicen la acusación del Ministerio Público. Sostuvieron que los acusados, que actualmente son testigos a cargo en contra de Castillo y de otros exfuncionarios, hablan sobre supuestas transacciones entre 2014 y 2018, cuando su representado no era aspirante presidencial por el PLD.
Desde 2013
“Dicen que el presunto entramado fue con el objeto de facilitarle a Gonzalo Castillo tener éxito en su campaña preelectoral y electoral, sin embargo, estas personas dicen que empezó en 2013, 2015 y 2016, cuando Gonzalo no soñaba con ser candidato”, indicó Nassef Perdomo durante un receso de la audiencia en que se conoce medidas de coerción a los imputados en el caso Calamar.
De su lado, la abogada Laura Acosta señaló que uno de los testimonios contradictorios es el de Ángel Lockward, imputado también en el caso, que aseguró que ha hecho procesos de libramientos de pago en los años 2014, 2015, 2017 y 2019.
Señaló que, si este alegado entramado de corrupción empezó, de acuerdo a lo presentado por el Ministerio Público, “en una reunión supuestamente en el Palacio Nacional en 2019”, entonces “cómo es que hay cuota litis en 2015 y 2018”, así como “pago de libramiento antes de 2019”.
