Defensor del pueblo emplaza a Then a informar la sanción a Digesett
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, otorgó un plazo de cinco días al director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, para que dé respuesta de las investigaciones en contra de agentes de esa institución adscritos a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) que agredieron a miembros de esa institución y representantes de los medios de comunicación.
En una misiva, Ulloa sostiene que mantiene el interés de conocer el avance del procedimiento disciplinario contra los miembros de la Digesett que lo agredieron a él, a miembros de ese órgano y de los medios que lo acompañaban a una inspección al Centro de Retención Vehicular (Canódromo), tras denuncias de irregularidades allí.
“La Policía Nacional cuenta con un plazo de cinco días hábiles para dar respuesta a lo planteado. La inobservancia de este plazo acarrea las consecuencias dispuestas en el artículo 27 de la Ley núm. 19-01, que creó el Defensor del Pueblo y que permite vigilar y supervisar la actividad de la Administración Pública”, adujo Ulloa.
Expresó que genera preocupación que, 30 días después de esta agresión reprochable y bochornosa contra el Estado de derecho y la institucionalidad, la sociedad dominicana desconozca las medidas que ha tomado el Consejo Superior Policial para sancionar, legalmente y de conformidad con el debido proceso, las conductas exhibidas por los miembros de la Policía.
Ulloa dijo que requiere con carácter de urgencia del director de la Policía Nacional un informe explicando las medidas correctivas y preventivas que ha tomado la Policía en este caso.
“Este informe debe contener todos los documentos en los que consta el procedimiento sancionador y las decisiones tomadas al efecto”, adujo el Defensor del Pueblo.
Sostuvo que la inspección frustrada por miembros de la Digesett en el canódromo, el 11 de abril pasado, se trató de una diligencia de investigación a raíz de la denuncia del ciudadano Damián Javier Heredia Moreno y de las anomalías denunciadas por la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamotor), el 17 de marzo por las dificultades para la entrega de vehículos retenidos.
