Delcy Rodríguez ha estado bajo vigilancia de la DEA por supuestos nexos ilícitos
Documentos y testimonios de funcionarios estadounidenses revelan que Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela, ha estado durante años bajo la atención de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que incluso la catalogó en 2022 como “objetivo prioritario”, una clasificación reservada para figuras consideradas de alto impacto en redes del narcotráfico.
De acuerdo con registros de inteligencia y fuentes policiales consultadas, la DEA mantiene desde al menos 2018 un archivo detalladosobre Rodríguez, en el que se incluyen presuntos vínculos con narcotráfico, lavado de dinero, contrabando de oro y corrupción, así como una lista de asociados clave. Parte de ese material proviene de informantes confidenciales, uno de los cuales afirmó que Rodríguez habría utilizado hoteles en la Isla de Margarita como fachada para operaciones de blanqueo de capitales.
Aunque Estados Unidos no ha presentado cargos formales contra Rodríguez y su nombre no figura entre los funcionarios venezolanos acusados junto al expresidente Nicolás Maduro, su perfil aparece en al menos una decena de investigaciones de la DEA, algunas aún activas, desarrolladas por oficinas en América Latina y Estados Unidos.
El interés de las autoridades estadounidenses contrasta con la postura pública del expresidente Donald Trump, quien tras la captura de Maduro elogió a Rodríguez y la presentó como una posible figura clave para la estabilidad de Venezuela en el escenario posterior al chavismo. Analistas consideran que esta dualidad refleja la complejidad del poder en Venezuela, descrito por expertos como un régimen híbrido donde política y crimen organizado se entrelazan.
Rodríguez, de 56 años, ha sido una aliada cercana de Maduro durante años y ocupó cargos clave como ministra de Relaciones Exteriores y vicepresidenta. En 2018 fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por su papel en la consolidación del régimen autoritario, aunque dichas sanciones se centraron en violaciones democráticas y no en delitos financieros.
Especialistas en crimen organizado y exfuncionarios de la DEA sostienen que su posición dentro del poder venezolano la convierte en una figura vulnerable a futuras acciones judiciales, lo que podría servir como herramienta de presión política por parte de Washington. Para la oposición venezolana, el expediente que rodea a Rodríguez es ampliamente conocido por las autoridades estadounidenses y refuerza las dudas sobre su papel en la transición política del país.
