Deportarán a una dominicana que llegó a Puerto Rico huyendo de su pareja
Una comerciante dominicana que vivía en Puerto Rico con una visa de trabajo aprobada y protegida como sobreviviente de violencia doméstica, fue detenida el pasado 5 de junio después de que un funcionario de la alcaldía de Cabo Rojo (un municipio ubicado al suroeste de la isla) la reportara a las autoridades de inmigración durante una cita para registrar su negocio.
La mujer, identificada solo como Aracelys, fue trasladada a un centro de detención en Texas para iniciar un proceso de deportación, según reportaron varios medios locales, que se hicieron eco de la denuncia que hizo a inicios de semana la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico.
En su comunicado de prensa, la ACLU calificó la detención como una “desaparición forzada” y un “atropello infame“.
Así se dio la detención
De acuerdo con el relato de la organización, la dominicana acudió a las oficinas municipales el 5 de junio para registrar un pequeño negocio, donde un policía municipal dio la voz de alerta a los oficiales federales de inmigración sobre su presencia. Aracelys fue detenida al salir del lugar.
Durante su visita, Aracelys presentó su pasaporte, visa y permisos migratorios al día, pero de todos modos fue reportada y detenida.
La dominicana es portadora de una visa que le permitía trabajar en territorio estadounidense, la cual fue aprobada el 28 de diciembre de 2023. Además, el documento de viaje que le permite salir y entrar del territorio está vigente desde septiembre de 2024 a septiembre de 2029, detalló la ACLU.
Aracelys también presentó su solicitud de residencia permanente el pasado 16 de abril de 2025, agrega la entidad.
La organización señala que el funcionario municipal que hizo la denuncia no tenía una “orden judicial ni autoridad legal” para referir a Aracelys a los agentes migratorios.
“La Policía Municipal carece de autoridad para ejecutar leyes migratorias sin un acuerdo 287(g) ni orden judicial. Este acto extralimitado, aberrante, quebranta la Quinta Enmienda y el debido proceso. El agente involucrado se expone a responsabilidad civil y penal por violaciones de derechos”, argumentó el director legal de la ACLU, Fermín Arraiza Navas.
La entrega de la comerciante dominicana por parte de un funcionario municipal ocurre en un contexto de fuertes críticas al gobierno de Jenniffer González.
La semana pasada se reveló que las autoridades locales compartieron información personal de miles de inmigrantes con la agencia de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) para facilitar su detención y deportación.
En respuesta, la ACLU envió el lunes una carta a la gobernadora Jenniffer González exigiendo transparencia sobre los datos compartidos por el gobierno estatal con las autoridades federales, recoge El Nuevo Día.
Además, solicitó la publicación de protocolos que garanticen el debido proceso, la protección especial de víctimas de violencia de género y la suspensión de políticas o directrices administrativas que permitan detenciones migratorias sin una orden judicial.
La ACLU advirtió que la inacción de la gobernadora podría interpretarse como un respaldo oficial a la violación sistemática de derechos humanos. Por ello, la organización no descarta emprender acciones legales o recurrir a mecanismos de fiscalización pública.
Puerto Rico es un Estado Libre Asociado de Estados Unidos desde 1952. Esta condición le otorga cierto grado de autonomía, con un gobierno y parlamento propios, aunque asuntos como la defensa, las fronteras y las relaciones diplomáticas siguen bajo control del gobierno federal en Washington.
“En Puerto Rico se dan detenciones, pero por una práctica general del Gobierno de Estados Unidos, prácticamente todos los migrantes detenidos son trasladados fuera de Puerto Rico. Luego de la detención, pueden estar en Puerto Rico de 24 a 78 horas hasta que los mueven”, ha explicado Annette Martínez Orabona.
Para la organización, aunque los traslados entre centros dentro de Estados Unidos son una práctica habitual, que los inmigrantes arrestados en Puerto Rico sean sacados de la isla es algo preocupante, “porque no solo supone separarlos de sus familiares y comunidad, sino también de su representación legal”.
“Es algo que crea una gran dificultad porque se ha detenido a personas que tenían procesos migratorios pendientes acá (en Puerto Rico), o sea que su representación legal está en Puerto Rico”, apuntó la directora.
“Yo sé que en cualquier parte de Estados Unidos es terrible, pero en el caso de Puerto Rico es peor, porque nosotros no estamos contiguos al territorio. No es cuestión de tú montarte en un carro y llegar”, agregó
