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Desfalcos en fondos de la JCE podrían ser entregados a la Justicia de EE.UU.

Las transacciones fraudulentas, como las realizadas por funcionarios de la JCE a través de bancos e instituciones financieras en EE.UU., están sujetas a las leyes federales de Estados Unidos, como la Ley de Control de Lavado de Dinero y el Estatuto de Fraude Electrónico.
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Nueva York: Una investigación en curso del periódico El Faro Latino ha vinculado el desfalco electoral relacionado con el Voto Dominicano en el Exterior de 2020, que implicó una suma superior a $4,618,696.76 dólares, lo que, según la tasa de cambio de la época equivaldría a $258,647,019.00 pesos dominicanos. Este monto pertenece a un presupuesto general estimado en $7,179,625.20 millones de dólares. El informe también señala un presunto desfalco millonario a los fondos electorales de las elecciones dominicanas celebradas el 19 de mayo de 2024, cuyas pruebas podrían ser entregadas al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según la investigación, el periódico documentó cómo funcionarios de la OPREE de Nueva York realizaron tres transferencias electrónicas a la encargada de la OPREE de Nueva Jersey, Johanna Leónidas Tineo Estévez, por un total de $1,141,747.01 dólares, dinero que desapareció a pesar de que se usó el sistema financiero estadounidense, a través de una cuenta abierta por el consulado dominicano de Nueva York, destinada exclusivamente para la JCE en 2020.

Se estableció que la OPREE de Nueva York, supervisada por Julio César Castaños Guzmán, expresidente de la JCE, junto a otros funcionarios como Gilberto Cruz Herasme (exdirector del Voto Dominicano en el Exterior), Gianilda Licelot Díaz Fernández y Ana María Matos Espinosa, estuvieron involucrados en un desfalco de $2,767,405.53 dólares, sin que hasta la fecha se hayan tomado consecuencias legales al respecto.

La investigación también reveló que El Faro Latino perdió el rastro de $592,821.73 dólares, un excedente declarado e identificado por la auditoría forense de “DISLA DOÑÉ Y ASOCIADOS” como “devuelto”, pero nunca se hallaron evidencias de que ese dinero regresara a las cuentas bancarias de la JCE, ni en Estados Unidos ni en República Dominicana. Además, desaparecieron otros $315,844.72 dólares, y se encontraron registros no sustentados por $145,977.07 dólares.

Well Sepúlveda, responsable del Voto del Dominicano en el Exterior, se encuentra en el centro de la tormenta de una investigación que está llegando a un punto de inflexión.

No conforme con estos hallazgos, se solicitó un presupuesto complementario de $571,015.00 dólares entre el 22 y el 26 de junio de 2020, el cual fue entregado, según documentos de la JCE, a través de transferencias bancarias realizadas a varias cuentas del Bank of America en Nueva York, pero dicho dinero también desapareció bajo la gestión de los funcionarios electorales dominicanos.

El director del Voto Dominicano en el Exterior, Well  Sepúlveda y el Pleno de la JCE, compuesto por Román Andrés Jáquez Liranzo (presidente), Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Rafael Chami Isa, se ha negado a entregar los documentos financieros relacionados con las elecciones dominicanas en el exterior de 2024, a pesar de que, en 2020, proporcionaron 18,800 documentos al periódico El Faro Latino que fueron fundamentales para la investigación anterior. Esta negativa se interpreta como un intento de ocultar evidencias y obstruir la investigación,  especialmente considerando que se sospecha que el desfalco de 2024 fue aún mayor que el de 2020 y podría comprometer a la administración actual, ya que el presidente y los miembros del Pleno tienen una responsabilidad vinculante en la desaparición de los fondos.

El Bank of America cerró en 2020 cuatro cuentas de las Oficinas para Registro de Electores en el Exterior (OPREE) y de Coordinación de Logística Electoral del Exterior (OCLEE) en Boston, Miami, Nueva York y Nueva Jersey, debido a que estas dependencias de la JCE realizaron retiros excesivos desde varios cajeros automáticos, superando los $10,000 establecidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, violando así la ley contra el lavado de activos. Según investigaciones, los funcionarios de la JCE retiraron de manera indiscriminada más de $800,000 dólares de estos cajeros en los días previos a las elecciones del 2020.

Ante la negativa de la JCE de entregar los documentos solicitados, El Faro Latino iniciará el lunes 13 de enero de 2025 un proceso legal en República Dominicana para exigir la entrega de los documentos requeridos. El medio advierte al Pleno que, si no se cumple con la entrega, llevará el caso al Departamento de Justicia de Estados Unidos, dado que los delitos se cometieron en territorio estadounidense y pueden ser procesados en virtud de la legislación estadounidense.

Posibles implicaciones legales para los funcionarios de la JCE en EE.UU.

Los delitos financieros que involucran el uso de sistemas financieros de EE.UU. están sujetos a una amplia jurisdicción federal. En este caso, el fraude involucra millones de dólares que fueron canalizados a través de instituciones financieras estadounidenses, como el Bank of America, lo que habilita la jurisdicción de las autoridades estadounidenses para investigar y procesar el caso.

Las transacciones fraudulentas, como las realizadas por funcionarios de la JCE a través de bancos e instituciones financieras en EE.UU., están sujetas a las leyes federales de Estados Unidos, como la Ley de Control de Lavado de Dinero y el Estatuto de Fraude Electrónico.

Estas leyes no solo se aplican a ciudadanos estadounidenses, sino también a extranjeros que utilicen instituciones financieras de EE.UU. para lavar los productos de un delito. Dado que el fraude involucra transacciones en territorio estadounidense, las autoridades de este país podrían ejercer su jurisdicción para procesar a los responsables de la JCE.

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