Desmantelan una red de estafa inmobiliaria millonaria en República Dominicana
En un reciente despliegue de vigilancia y justicia, se ha detectado una red de estafa inmobiliaria en República Dominicana que defraudó a más de 120 víctimas, dejando un impacto significativo en la comunidad. La empresa implicada en este escándalo es Novasco Real, que fue desmantelada en el conocido ‘Caso Guepardo’.
El esquema fraudulento que operaba bajo el nombre de Novasco Real había ingeniosamente logrado atraer a inversionistas y compradores potenciales, quienes fueron engañados con promesas de propiedades que nunca existieron o que estaban mal presentadas. Las autoridades han indicado que la magnitud de la estafa generó beneficios ilegales de más de 18 millones de dólares, una cifra alarmante que resalta la complejidad y la avaricia detrás de estas acciones delictivas.
Entre las acciones tomadas por las autoridades, se ha realizado una búsqueda activa de dos fugitivos de gran interés: Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova. Estos individuos son considerados claves para desentrañar el alcance total de la red de estafa y se les atribuyen roles fundamentales en la operación de Novasco Real. Las autoridades han señalado que cualquier información sobre su paradero es vital para avanzar en este caso.
Por otro lado, los fiscales han solicitado penas de prisión preventiva para Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes se encuentran bajo custodia mientras se llevan a cabo las investigaciones. La solicitud de estas penas refleja la seriedad con la que el sistema de justicia está abordando este tipo de delitos en un intento de ofrecer alguna forma de reparación a las víctimas afectadas.
En el contexto de esta situación, el abogado César Amadeo Peralta ha hecho un llamado al Congreso para que se apruebe un nuevo Código Penal que contemple penas más severas para los delitos de estafa inmobiliaria. Actualmente, el marco legal solo prevé castigos de hasta dos años de prisión, lo que muchos consideran insuficiente ante la gravedad de estos crímenes. Peralta sugiere que se establezcan penas de hasta 20 años de prisión, añadiendo que es crucial que la ley se adapte a las realidades del delito inmobiliario en el país.
La situación actual pone en relieve la necesidad de una mayor regulación y vigilancia en el sector inmobiliario de República Dominicana, así como la urgencia de reformar las leyes para proteger a los ciudadanos de futuras estafas.
