Destitución del jefe de la Marina de EElUU termina con la inclusión obligatoria en las Fuerzas Armadas

Washington, DC: La destitución de Jon Harrison como jefe de Estado Mayor del Secretario de la Marina, ordenada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, tras la confirmación de Hung Cao como subsecretario, no debe interpretarse como una purga arbitraria, sino como un paso estratégico para restablecer el principio de excelencia y competencia en las Fuerzas Armadas, hoy eclipsado por la lógica de la inclusión obligatoria.
Las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) que proliferaron en los mandatos anteriores comenzaron con justa intención, pero con el paso del tiempo generaron distorsiones operativas, como incentivos de tipo demográfico en ascensos, interpretaciones expansivas de las políticas de ajuste y tolerancia hacia estándares operativos más bajos ante la presión ideológica. Ese patrón ha erosionado la cohesión interna, debilitado el respeto al mérito y permitido que cargos importantes sean ocupados por factores extrínsecos a la competencia objetiva.
La administración emitió en enero de 2025 la orden ejecutiva Restoring America’s Fighting Force (Restaurando la lucha en Estados Unidos), que prohíbe cualquier preferencia con base en sexo, raza o etnicidad en decisiones de personal dentro del Departamento de Defensa. El documento afirma que las políticas DEI “han socavado el liderazgo, el mérito y la cohesión de unidad, erosionando la letalidad y la preparación de la fuerza”. (DoD, Orden Ejecutiva).
Según ese mandato, el Departamento debe funcionar con criterios “color-blind” (ciegos al color) y meritocráticos, sin buscar igualdad de resultados. (DoD, directiva), Según el U.S. Department of War. Hegseth lo ha reiterado públicamente, “Promociones y retenciones basadas en mérito, no en cuotas”.
En ese contexto, el cambio en la Marina no es una operación aislada. Harrison y Phelan habían introducido redistribuciones de poder interno que reducían la influencia de la subsecretaría, la nueva oficina de Cao, en decisiones estratégicas. Bajo la lógica meritocrática que se busca reinstaurar, eso representaba una zona gris de interferencia. La destitución permite que Cao asuma una posición efectiva de control desde el primer día, libre de estructuras que operaban con lógica distinta.
El cambio no es simbólico, se extiende a la academia militar y al currículo. Bajo la directriz presidencial, las instituciones educativas del Departamento deben revisar y eliminar contenidos vinculados con teorías “divisivas”, diversidad de género o interpretación crítica de la historia, etiquetados como políticamente sesgados, de los programas formativos. (Orden Ejecutiva). En mayo de 2025, el Pentágono ordenó que las academias militares e instituciones afines ignoren raza, etnia o sexo en admisiones, volviendo al filtro puro de mérito.
Uno de los efectos inmediatos fue la remoción de los organismos DEI en el DoD, la eliminación de oficinas dedicadas a esas políticas y la revisión de acciones pasadas en función de los nuevos estándares, según documento oficiales de la “Congressional Black Caucus Foundation”. En consecuencia, muchas funciones que antes quedaban bajo el paraguas de diversidad ahora serán sujetas a criterios funcionales, como el desempeño, competencias técnicas, liderazgo demostrado y méritos evaluables.
Un argumento central en el discurso oficial es que, sin estas correcciones, la inclusión obligatoria produjo un efecto colateral para premiar lo meramente representativo en lugar de lo capaz. La narrativa oficial sostiene que la obsesión por cuotas degeneró en una cultura en la que la ventaja demográfica desplazaba el criterio del mejor candidato. Restaurar la meritocracia significa desmontar esa cultura y recomponer un ejército centrado en capacidades reales.
La fecha de estos cambios también coincide con una ofensiva simbólica más grande. En una reunión reciente en Quántico con generales y almirantes, Hegseth impuso estándares más rigurosos, eliminando permisos de barba, endureciendo requisitos físicos y exigiendo que los roles de combate operen bajo lo que llamó “el estándar masculino más alto”, entendiendo que las exigencias del combate no admiten concesiones, según reportes periodísticos del periódico POLITICO. Ese tono refuerza la visión de que la fuerza militar no puede adaptarse a mínimos cómodos ni a interpretaciones blandas de aptitud.
Este enfoque no es descabellado desde la óptica de quien prioriza la eficacia. Si una fuerza se rige por valoraciones técnicas, objetivas y rigurosas, entonces el criterio de mérito puro, determinado por resultados, entrenamiento, desempeño en condiciones reales, debe prevalecer sobre toda otra consideración. Y si las políticas DEI introdujeron incentivos que enturbiaron esa pureza, resulta lógico corregir el rumbo con decisión.
Sin embargo, esta operación conlleva riesgos. La transición abrupta genera resistencias institucionales. Las unidades que se organizaron dentro del marco DEI podrían sufrir desorientación interna. Oficiales que ascendieron bajo criterios anteriores pueden sentir que sus cargos ahora quedan vulnerables. El personal de base que integraba cursos o aprovechó programas de inclusión puede interpretar el cambio como una señal de retracción o retroceso social.
Pero el liderazgo confía en que el principio de competencia demostrará su validez. La remoción de Harrison permite enviar un mensaje de discontinua tolerancia frente a estructuras que operaban con sesgos de política identitaria. El relevo marca un punto de inflexión, que las instituciones militares de Estados Unidos vuelvan a entenderse como una meritocracia operativa, donde solo el desempeño, la capacidad y la disciplina decidan quién asume responsabilidades.
En las próximas semanas serán claves las designaciones que Harrison ocupaba, el perfil de quienes los sustituyan y si esos nombramientos responden al mismo principio meritocrático. También habrá que observar si la moral interna se sostiene frente a una remodelación tan profunda, y si las operaciones reales, en los despliegues, el mantenimiento, las misiones, comienzan a reflejar mejoras visibles en rendimiento.
Este episodio no es un conflicto de poder pasajero, sino el momento en que la administración busca resetear el contrato ético de las Fuerzas Armadas, que la inclusión no sea una exigencia forzada sino el resultado orgánico de oportunidades iguales para los mejores, y que solo el mérito siga siendo la llave para liderar y combatir.





















