Detector portátil de alcohol adulterado pondrá fin a cientos de muertes en RD
Nueva York.- Durante años, la República Dominicana ha vivido una pandemia silenciosa marcada por la proliferación de laboratorios clandestinos dedicados a la producción y adulteración de bebidas alcohólicas. En comunidades rurales y urbanas, en patios improvisados, solares baldíos y estructuras ocultas, se instalaron redes ilegales que destilaban alcohol sin control sanitario alguno, utilizando sustancias altamente tóxicas como el metanol dejando como resultado una de las crisis de salud pública más graves de la historia reciente del país.
El punto más crítico se registró entre 2020 y 2021. En medio de la pandemia global de COVID-19, el consumo de bebidas ilegales se expandió y la respuesta estatal fue tardía e insuficiente. El Ministerio de Salud Pública documentó en 2020 un brote nacional de intoxicación por metanol que dejó 369 casos y 227 defunciones.
Los boletines epidemiológicos oficiales, hasta la semana 21 de ese año, registraron 322 casos acumulados y 199 fallecidos, con una letalidad de 62 por ciento. La Organización Panamericana de la Salud incorporó esos mismos datos en sus reportes regionales, confirmando la magnitud del desastre dominicano.
En 2021, lejos de cerrarse el capítulo, se produjo una nueva oleada durante la Semana Santa y las semanas posteriores. Reportes oficiales divulgados por medios de comunicación señalaron decenas de muertes solo en abril, con un acumulado cercano a 99 fallecidos y más de 260 personas intoxicadas desde principios de ese mes y los reportes continuaron en mayo, evidenciando que el mercado ilegal seguía operando con impunidad en amplias zonas del país.
Detrás de estas cifras no solo hubo improvisación artesanal, sino una estructura criminal persistente. Producción semiindustrial, tanques de gran capacidad, alambiques ocultos, envases reutilizados y distribución informal en colmados y puntos de venta clandestinos conformaron un patrón que se repitió una y otra vez. A ello se sumó la permisividad, negligencia o abierta complicidad de autoridades locales, que permitió que estos laboratorios funcionaran durante años sin ser detectados o intervenidos a tiempo.
Aunque las muertes masivas se concentraron en 2020 y 2021, los operativos no se han detenido. En 2024, autoridades desmantelaron un laboratorio clandestino en Santiago, donde fueron decomisados casi 5,500 galones de clerén. En 2025, la Policía Nacional informó la desarticulación de otro laboratorio en Monte Plata, con 52 tanques que contenían aproximadamente 2,860 galones de alcohol adulterado en proceso de destilación.
Ese mismo año se reportaron nuevos allanamientos en distintas provincias, con participación del Ministerio Público, lo que confirma que el negocio ilícito sigue activo, aunque bajo mayor presión estatal.
La sustancia más letal en todos estos brotes ha sido el metanol, un alcohol industrial que no debe ser ingerido bajo ninguna circunstancia. Su consumo provoca intoxicaciones severas, daño neurológico irreversible, pérdida de la visión y muerte. Durante años, la población más vulnerable pagó el precio de un sistema fallido de control, donde beber una copa podía convertirse en una sentencia de muerte y eso, el dominicano no lo perdona.
Hoy, sin embargo, comienza a perfilarse un punto de quiebre. Equipos de investigación y autoridades sanitarias en distintos países han desarrollado dispositivos capaces de detectar si una bebida alcohólica ha sido adulterada. Se trata de sensores portátiles de metanol y pruebas rápidas que requieren apenas una gota del líquido para identificar alteraciones químicas peligrosas.
Algunos funcionan mediante sensores similares a una nariz electrónica, otros pueden integrarse a teléfonos inteligentes y ofrecer resultados en cuestión de minutos, sin necesidad de laboratorios.
En varios países de América Latina, dispositivos de este tipo ya están siendo utilizados por organismos oficiales para inspecciones rápidas en puntos de venta. La novedad ahora es que estas tecnologías avanzan hacia su disponibilidad para el público general. De concretarse su comercialización a gran escala, los ciudadanos podrían convertirse en la primera línea de defensa, capaces de verificar por sí mismos si una bebida representa un riesgo para su vida antes de consumirla.
Después de años de muertes evitables, corrupción, clandestinidad y dolor, la posibilidad de que cada persona pueda detectar un alcohol adulterado marca un cambio profundo en la relación entre el ciudadano y un negocio criminal que durante demasiado tiempo operó en la sombra.
