Dice que el acceso a la justicia laboral significa garantía de los derechos sociales
El magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia afirmó que el acceso a la justicia laboral significa oportunidad, garantía y seguridad de los derechos sociales y abogó porque los derechos fundamentales del trabajo puedan ser efectivos, tutelables y eficaces.
El magistrado Herrera Carbuccia, experto en derecho de trabajo, hizo su planteamiento durante su ponencia “El acceso a la justicia laboral”, realizada en el X Encuentro Internacional Justicia y Derecho, celebrado en La Habana, Cuba.
“No tiene razón de ser que un Estado social de derecho no dé espacio para una reforma de la justicia en que los derechos fundamentales del trabajo puedan ser efectivos, tutelables y eficaces”, sostuvo Herrera Carbuccia, quien además es doctrinario en materia del derecho de trabajo.
Asimismo, reiteró la necesidad de realizar una revisión al Código Laboral (normativa que ya arribó a tres décadas), en el aspecto relacionado al procedimiento como tal, reforma que entiende debe ser analizada sin pasiones ni radicalismos.
Entre los aspectos que deben ser revisados citó propiciar una conciliación laboral más efectiva, ante el escaso número de conciliaciones, estudiando las causas, razones y buscando soluciones legislativas factibles; la función de los vocales como auxiliares de justicia, de quienes dijo se han convertido con su ausencia, indigencia del conocimiento y su papel, en un obstáculo serio en el avance y seguridad del proceso.
Asimismo, explicó que debe ser revisado lo referente a la prueba escrita, la que considera adolece de una serie de restricciones impuestas por el Código de Trabajo y se convierte en un obstáculo al debido proceso.
Herrera Carbuccia explicó que el acceso a la justicia es un derecho fundamental de una importancia capital, que unido al cumplimiento de las normas del debido proceso garantiza una justicia accesible, oportuna y gratuita.
En ese sentido, afirmó que, para lograr el acceso a la justicia, el Poder Judicial debe contar con una estructura que le sirva para responder a las necesidades de los usuarios, así como para la planificación a futuro con programas adecuados a las realidades de los países.
“No puede haber una buena, correcta, sana y pronta administración de justicia sino hay un derecho para acceder ante una jurisdicción especializada como la de trabajo, donde se garantice la libre entrada, la igualdad, el derecho a la presentación de sus argumentos, pruebas, conclusiones en un plazo razonable, todo en base a normas del debido proceso y sobre todo la aplicación justa de los principios”, concluyó el magistrado.
