Diputados dueños de bancas admiten fueron extorsionados en Calamar

Congresistas vinculados a las bancas de apuestas, quienes están llamados a legislar, representar, fiscalizar y cumplir con las leyes, admitieron ayer que pagaron mensualmente millones de pesos por extorsiones realizadas durante el pasado gobierno y vinculadas al caso Calamar.

Los congresistas, que no quisieron ser identificados,revelaron que ese sector comercial enfrentó momentos de mucha dificultad por el alegado esquema que -según el Ministerio Público- se montó desde el Ministerio de Hacienda.

“Vivimos momentos muy difíciles. Teníamos que pagar religiosamente cada mes”, expresó uno de los  consultados. “Y no teníamos con quién quejarnos o cómo evitar tener que pagar esos dineros”, agregó.

Otro consultado alegó que muchas bancas de lotería y deportivas quebraron ante la situación que enfrentaron.

Manifestó: “Con toda sinceridad, quiero desahogarme y hablar del problema del sector de las bancas de loterías. De todo el engaño que hubo en la administración pasada”.

De acuerdo a las investigaciones hechas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sobre la denominada Operación Calamar, desde el Estado se habría montado una estructura externa para extorsionar bancas de lotería y deportivas, así como colmados, que supuestamente operaban de forma ilegal máquinas tragamonedas.

En la investigación judicial figura el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sergio Moya (Goris), quien fue señalado por los delatores del caso como coordinador del esquema de extorsión.

El legislador, propietario de bancas Merengue Sport, lleva varios días sin asistir a las sesiones ordinarias que ha realizado la Cámara de Diputados.

Según el expediente elaborado por el Ministerio Público, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, utilizó una estructura no gubernamental integrada por Ramón Emilio -Mimilo- Jiménez, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña y José Pablo Ortiz Giraldo para hacer cobros ilegales a bancas deportivas y de lotería a través de la Dirección de Casino y Juegos de Azar.

En el interrogatorio hecho al empresario José Arturo Ureña Pérez, éste admitió que el diputado Moya era parte de la estructura fraudulenta creada para distraer fondos de las bancas de lotería, deportivas y colmadones.

Entre los banqueros que hacían los pagos por extorsióncitados en el referido interrogatorio, figuran la banca King Sport, ubicada en Santiago, Loto Real, Loteka y Naco Sport.

Esquema fraudulento

De acuerdo al expediente, el plan comenzó a operar de manera informal a finales de 2016 y se concretizó en marzo de 2017, cuando se inició con el apoyo del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y con la participación de los directores de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, así como del encargado de operaciones e inspectores.

Los cobros ilegales estarían a cargo de José Pablo Ortiz, en las bancas de lotería y Ricky Nadal, en las bancas deportivas.

Los cobros ilegales

Los detalles sobre los cobros ilegales hechos a las bancas y colmados están contenidos en la solicitud de medidas de coerción hecha por el Ministerio Público, en contra de 20 imputados, entre los que figuran los exministros de Hacienda, Donald Guerrero, Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.

En el documento se relata que, en principio, bajo el esquema ilegal a un consorcio de bancas de loterías y deportivas, integrado por 2,029 sucursales, las autoridades de entonces le intervinieron 50 bancas.

Tras el reclamo del propietario principal, José Melchor González Calderón, éste tuvo como respuesta ser citado en una plaza comercial para exigirle la suma de tres millones de pesos, con el fin de dejar de intervenirle esos negocios.

Le habrían amenazado de que, si no pagaba ese dinero, le “caerían arriba a las bancas del consorcio”, por lo que accedió a pagar la suma de un millón de pesos mensuales a la estructura no gubernamental.

Desde octubre de 2016 hasta agosto de 2020 González Calderón hizo 43 pagos por un monto de 43 millones de pesos.

Los cobros ilegales incluían a bancas de loterías y deportivas que operaban de manera ilegal, bancas viejas no registradas y bancas nuevas.

Incluyó colmados que poseían máquinas tragamonedas. Al principio, cobraban entre 3,000 y 3,500 pesos cada mes, con lo que generaban entre 25 millones de pesos y 30 millones de pesos cada mes en una primera etapa, que duró entre doce y 14 meses.