Diputados investigados por narcotráfico o corrupción ganaron su repostulación hasta 2028
A pesar de ser objeto de investigaciones por parte del Ministerio Público y estar señalados en expedientes que se debaten en los tribunales, cuatro diputados salieron victoriosos en las pasadas elecciones congresuales, logrando su reelección en la Cámara Baja hasta el año 2028.
Se trata de Nelson Marmolejos, Faustina Guerrero, Héctor Feliz y Sergio (Gory) Moya, quienes compitieron para ser reelegidos en sus curules y lograron los votos necesarios. Ninguno ha sido citado ni tiene una acusación individual en su contra.
Nelson Marmolejos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ganó como diputado representante de la circunscripción dos de Santiago, donde se alzó como uno de los candidatos con la mayor votación de la localidad. Logró 12,445 votos.
En el 2021, el Ministerio Público mencionó a Marmolejos en el expediente acusatorio del caso Falcón, una investigación en la que se le indaga sobre una supuesta red de narcotráfico y lavado de activos.
Por el caso, un total de 31 personas físicas y 39 morales, incluido el diputado, están acusadas por el Ministerio Público de delitos de lavado de activos, producto del narcotráfico, patrocinio del narcotráfico, usurpación de identidad, tráfico de armas de fuego, entre otros ilícitos que, supuestamente disfrazados como actividades comerciales legales, movilizaban miles de millones de pesos.
A finales del 2023, cuando fue cuestionado sobre su candidatura, Marmolejos expresó que seguiría en pie con sus aspiraciones porque no tiene nada que ocultar, además de alegar que las autoridades judiciales lo mencionaron en el expediente para contaminar su carrera legislativa.
Otra ganadora en las elecciones fue la diputada Faustina Guerrero, conocida popularmente como Grey Maldonado, quien también está mencionada en el expediente del caso Falcón bajo acusaciones de supuesto tráfico de drogas. En el mismo expediente está imputado su esposo, Juan Maldonado Castro, quien fue director de Comunidad Digna y estuvo detenido por el caso.
Guerrero es diputada por la provincia El Seibo y, gracias a las votaciones en los comicios, repetirá en su curul por cuatro años, postulada por el PRM. Aunque fue citada en el expediente, la Suprema Corte de Justicia no ha presentado cargos en su contra ni la ha llamado a audiencia alguna.
En el mismo caso Falcón fue señalado el diputado Héctor (Pirrin) Feliz, representante de la provincia Pedernales por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). El legislador también fue acusado de pertenecer a una red de narcotráfico, pero su caso causó más escándalo porque fue atrapado transportando a Juan Maldonado, uno de los imputados en el expediente y quien supuestamente huía junto al legislador para evitar ser apresado.
El diputado Feliz, a pesar de los señalamientos, se presentó como candidato a diputado y también logró repostularse. Hace meses, argumentó que la justicia no tiene ninguna prueba en su contra y que transportaba a su amigo Maldonado en su vehículo sin saber que las autoridades lo perseguían.
Gory, señalado en caso Calamar
En el expediente del caso Calamar las autoridades del Ministerio Público señalan a varios exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina por supuestamente hacer apropiaciones ilícitas de terreno, extorsiones y supuestos cobros ilegales. En el documento acusatorio se señala al diputado Sergio (Gory) Moya por alegadamente dirigir una red que extorsionaba a dueños de bancas de loterías con el objetivo y realizaba operaciones de cobros ilícitos para beneficiar al Ministerio de Hacienda.
Aún con todo el peso de los señalamientos, el diputado Moya buscó la reelección en la Cámara de Diputados y logró su objetivo.
Suprema aún no los acusa
Aunque algunos casos ya llevan dos años debatiéndose en los tribunales, los diputados aún no han sido citados ni tienen una acusación individual en su contra. Su condición de inmunidad parlamentaria impide a la justicia apresarlos mientras sean congresistas.
Por sus puestos como legisladores del país, cualquier señalamiento judicial en su contra debe ser conocido en una jurisdicción privilegiada que encabece la Suprema Corte de Justicia, que, a casi tres años de mencionarlos, no los somete.
