Dominicano de Hazelton acusado de Robo de identidad agravado
SCRANTON, PA: la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Medio de Pennsylvania anunció la acusación formal de un hombre originario República Dominicana, residente en la ciudad de Hazelton, Pennsylvania, quien fue acusado el 21 de mayo de 2019 por un gran jurado federal por robo de propiedad del gobierno, específicamente, robo de beneficios de asistencia social a los que no tenía derecho, así como por cargos de fraude de seguridad social, reclamo falso de ciudadanía de los Estados y robo de identidad agravado.
Andrés Santos, de 37 años cayó tras una investigación realizada por el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) Investigaciones de seguridad nacional (HSI) Filadelfia y la Oficina del Inspector General del Estado de Pennsylvania.
La acusación formal alega que Andrés Santos, en 2016, 2017, 2018 y 2019, utilizó el número de cuenta del seguro social y otra información de identificación de otra persona, falsificó su estado de ciudadanía para obtener los beneficios de Asistencia Médica de Medicaid y Beneficios del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) por un monto superior a $ 1000.00 cada uno, al cual no tenía derecho en el condado de Luzerne.
Andrés Santos solo está acusado de los hechos. Se presume que todas las personas acusadas son inocentes a menos que se declaren culpables en el tribunal. El juez impone una sentencia luego de una declaración de culpabilidad después de considerar los estatutos federales de sentencia aplicables y las Pautas Federales de Sentencia. La pena máxima bajo la ley federal por estos delitos es de 12 años de prisión, un término de libertad supervisada después del encarcelamiento y una multa. Bajo las Pautas Federales de Sentencia, el Juez también debe considerar y sopesar una serie de factores, incluyendo la naturaleza, las circunstancias y la gravedad de la ofensa; la historia y características del acusado; y la necesidad de castigar al acusado, proteger al público y satisfacer las necesidades educativas, profesionales y médicas del acusado. Por estas razones, la pena máxima legal para la ofensa no es un indicador preciso de la posible sentencia para un acusado específico.
