Dos regidores acusan al síndico de Romana de irregularidades
Por Israel Figueroa.- En el poco tiempo que lleva como alcalde de La Romana, Eduardo Kery Metivier, ya enfrenta una grave denuncia por corrupción administrativa, formalizada ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) por los regidores Ulises Aquino Franco del mismo partido del alcalde, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), y la profesora Luz Johanna Batista Solimán, regidora del Partido Reformista Social Cristiano.
A través de la denuncia recibida por la PEPCA el pasado 3 de abril, se denuncia que hay más de 16 brigadas de limpieza contratadas por el alcalde para realizar operativos en diferentes puntos de la ciudad y en los cementerios municipales, no obstante, el trabajo de estas presuntas brigadas no puede ser sustentada por las autoridades municipales ya que muchas de ellas no existieron.
“Pudimos verificar cuando recogimos la información de 15 brigadas que ascendían a un monto de unos RD$3 millones mensuales con distintos montos cada una de ellas. Nosotros hicimos verificaciones, íbamos a los lugares y nunca nos topamos con un solo personal de las dichosas brigadas” dijo el regidor Ulises Aquino.
Para Aquino es inexplicable que si el Ayuntamiento tiene una nómina y personal que se dedica a barrer los contenes y a este tipo de limpiezas, no entiende porqué se utilizaba estas brigadas.
“Y lo que más nos cuestionó, o sea, lo que más nos llamó la atención era por qué no se llevaban al concejo, porque si las mismas no cumplen con lo que establece la Ley de compras y contrataciones, entonces por qué usted no la llevaba al concejo” sostuvo.
Los contratos sin constancia de la labor que supuestamente hacían los fines de semana y de noche, fueron realizados y firmados luego de haber pasado el periodo indicado para ejecutar el supuesto servicio de recogida de desechos sólidos, inclusive algunos se hicieron el mismo día que se elaboraron los cheques.
Según esta denuncia los cheques eran entregados a Ramón Henríquez, del departamento de servicios municipales y a Inocencio Santana, secretario General de Ayuntamiento.
Los regidores sustentaron su denuncia luego de una labor de investigación, en donde llamaron a varios de los nombres que están en los contratos que poseen.
En la entrega de esta semana del programa N Investiga se presentó un audio donde se cómo era el modus operandi de ese pago, y el cobro inmediato hacia atrás.
Por ejemplo, el contrato firmado por Juana Isabel Jiménez dura un mes desde julio del 2024 hasta el mes de agosto del 2024 por RD$ 127,000, que fueron pagados inmediatamente después que terminó el servicio el 15 de julio de 2024.
En el programa también se presentó el contrato número 101-2024 firmado por el alcalde, donde establece “que se ha convenido y pactado primero que el señor Carlos Jairo Beras tendrá bajo su responsabilidad la ejecución de la brigada de recogida de desechos sólidos en el centro de la ciudad de la tanda nocturna y los domingos, que se efectuarán oportunamente. Las partes acuerdan que dicho operativo durarán dos meses, iniciando el 20 de agosto hasta el 20 de octubre y el precio convenido es de RD$200 mil y se agrega en el párrafo quinto de que estas brigadas utilizarán el combustible del Ayuntamiento y los equipos de la institución”.
El alcalde, en conversación con el programa N Investiga, admitió que el pago se hacía a través de terceros, por la informalidad de los trabajadores resultado de la falta de personal dominicano disponible.
De acuerdo a su explicación, el contrato, está a nombre de una persona y esa persona se encarga a hacer el trabajo de pagarles a ellos, trámite que a su juicio está documentado.
Es vergonzoso leer estos contratos porque no se especifican ni el lugar ni los horarios donde se va a brindar el servicio ni la cantidad de personas que deben ser contratadas, tampoco hay un RNC, ni un registro de proveedor del Estado de los contratantes que es un requisito indispensable para poder contratar con el Estado.
Además del sistema de pago en efectivo, hay otros elementos que dan lugar a cuestionamientos sobre la transparencia y la legalidad: la contratación de indocumentados a través de intermediarios sin someterlo al concejo de regidores y a la Ley de Compras y Contrataciones y la falta de precisión en los contratos sobre las condiciones.
Además del sistema de pago en efectivo, hay otros elementos que dan lugar a cuestionamientos sobre la transparencia y la legalidad: la contratación de indocumentados a través de intermediarios sin someterlo al concejo de regidores y a la Ley de Compras y Contrataciones y la falta de precisión en los contratos sobre las condiciones.
Hay diferentes montos de estas brigadas. El contrato firmado por Félix María de la Cruz fue de RD$ 225,000 por dos meses. Otro contrato de Víctor Manuel Eduardo Luis por un mes por RD$158,000, uno de Ferdinand Andrice por un mes por un monto de RD$144,547, el de Jesús Mercedes por un mes RD$289,000, Raúl Guzmán Carrasco por un contrato por un mes por 160,209.50 pesos, el de Luis Elpidio Rosario por un mes por RD$160,209. 50.
Elalcalde también explicó que hace esfuerzos por contratar un personal dominicano y documentado, sin embargo es todo un desafío al punto de que donde se recluta el personal es en las afueras del taller de la Alcaldía y vociferar si alguien está interesado, ya que a través de convocatorias en las redes sociales no concitan ninguna atención.
Otros cuestionamientos
Pero el ruido en el Ayuntamiento de La Romana no solo se limita a las brigadas fantasmas, sino también a licitaciones adjudicadas a empresas vinculadas a familiares y empleados, como la compra de artículos ferreteros por RD$445,050, el 19 de julio de 2024, a la empresa Extraquímica SRL, propiedad de Andy Jiménez González, sobrino político del alcalde, lo que trató de disminuir alegando el monto de la contratación.
También se adjudicó un contrato de 424,800 pesos por “servicio de almuerzo para empleados”, en diciembre de 2024, a Pichardo & Canela Kitchen Limited SRL, cuyo propietario es Andrés Manuel Pichardo Canela, hijo de Carlos Juan Pichardo, encargado de Espacios Públicos del Departamento de Planeamiento Urbano, lo que el alcalde trató de justificar, en base a la categoría del empleado, a que no es su familiar y a que supuestamente fue la mejor oferta.
La ley 340-06 es clara al establecer en su Artículo 14 que no podrán participar en procedimientos de contratación: “personas físicas o jurídicas cuyos propietarios, socios o accionistas, administradores o representantes sean cónyuges, convivientes, o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios”.
Es decir, un hijo, sobrino, cuñado o sobrino político de un funcionario no puede ser adjudicatario. Además, la constitución de la República, en su artículo 146, prohíbe el nepotismo y el uso de influencias para favorecer familiares con recursos públicos, por lo que podrían ser sancionados con el impedimento de optar por cargos públicos por diez años.
Además se suma otra irregularidad en esta última licitación de la comida, aunque la adjudicación fue hecha en diciembre, la empresa no estaba registrada como suplidora del Estado sino hasta el 28 de enero de 2025, y el acta de adjudicación fue subida al portal público dos días después, el 30 de enero.
