Julito Hazim aborda el problema de los diputados y las bancas de apuestas en RD

Nueva York.- El Dr. Julito Hazim no habló como un comentarista de coyuntura. Habló como quien apunta a un engranaje que lleva años girando, sin que nadie se atreva a tocarlo. En su relato, el problema no empieza en una banca específica, ni en un casino, ni en un operativo ocasional para la foto. Empieza cuando la política decidió convivir con los juegos de azar como si fueran un órgano más del Estado, pero sin rendición de cuentas, sin control independiente y con demasiados intereses sentados dentro del mismo aparato que debería regularlos.

Sus declaraciones se produjeron en un programa especial transmitido por Su Mundo TV y el periódico Primicias, con un balance del cierre de 2025 y el inicio de 2026. Allí, Hazim puso sobre la mesa una pregunta que suele esquivarse. Cuando el poder anuncia ayudas y desembolsos casi a diario, de dónde sale el dinero. Y dónde se pierde lo que falta. Su respuesta fue directa, casi provocadora. Ese dinero, dijo, está en el juego.

No lo planteó como metáfora. Lo presentó como caja real y como agujero estructural. Un flujo que se mueve todos los días, en cada barrio, que creció a la vista de todos y que el Estado, según él, no controla como debería controlar una actividad que se supone regulada. Habló de bancas de apuestas, bancas de lotería, casinos, el universo completo de los juegos de azar. Y lanzó la paradoja que, en su visión, explica el estancamiento institucional. En este país, dijo, los dueños de las bancas legales son los mismos dueños de las bancas ilegales.

Ahí el discurso cambia de terreno. Ya no se trata de ilegalidad por ausencia de Estado. Hazim describe presencia selectiva. No es que nadie vigile, es que vigilan quienes tienen interés. No es que no se cobre, es que se cobra lo que conviene. No es que no existan reglas, es que las reglas se administran como una llave privada.

Luego extendió la línea de tiempo. Para Hazim, esto no es un vicio reciente ni una distorsión aislada. Sitúa el origen en gobiernos distintos, en etapas distintas, pero con la misma continuidad. Habla de Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y el gobierno actual. No acusa a un partido. Acusa un patrón. El juego habría sido entregado o dejado en manos de un grupo, y desde entonces ese grupo manejaría el sistema con una mezcla de legalidad formal e ilegalidad tolerada.

Para reforzar esa tesis, relató una escena con el expresidente Danilo Medina. Le pidió que le quitaran el juego a Donald Guerrero. Y dice que la respuesta fue una confesión de límites. El juego no es del gobierno, le habrían dicho. Es ajeno desde hace tiempo.

La frase duele porque sugiere algo más grave que la evasión. Sugiere una renuncia de soberanía regulatoria. Si el juego es ajeno, entonces el Estado no manda en un territorio que debería estar bajo su autoridad. Entonces Hacienda, en la práctica, administra solo una parte del tablero, mientras el poder real se desplaza por otro carril.

Hazim bajó entonces al modelo de reparto. Habló de un arreglo tipo “Joint Venture”, como quien pone un nombre empresarial a una estructura política. Según su relato, hay una parte que se queda quien controla el negocio, una parte que se paga al Estado y otra parte que se distribuye como lubricante a los partidos políticos, con intermediarios y con beneficiarios.

Y remachó con una idea que repite como martillo. Ellos están en Hacienda, adentro. Ellos son dueños de Hacienda. No lo dijo para provocar, sino para advertir que el problema no se resuelve con operativos ni con discursos. Se resuelve, dice, arrancando raíces.

La parte más explosiva de su declaración llegó cuando explicó el blindaje legislativo. Afirmó que hay más de 16 dueños de bancas en la Cámara de Diputados. Su conclusión es inevitable. No pasará una ley que golpee el negocio si los dueños también votan. Mencionó, además, un proyecto promovido por figuras vinculadas al tema, y sugirió que fue ignorado no por razones técnicas, sino por interés directo.

En ese punto, la República Dominicana queda retratada como un cruce peligroso entre negocio regulado y poder político. Hazim incluso bajó el foco a nombres y a la idea de impunidad como condición de continuidad. Y ahí aparece la frontera editorial que no se puede cruzar sin evidencia adicional. Repetir lo dicho por Hazim no prueba un delito. Pero sí abre una obligación pública.

La pregunta que queda, después de escucharlo, no es si el juego existe. Es quién lo controla, quién lo regula, quién se beneficia, quién paga lo que debe pagar, y quién decide qué ley avanza y cuál muere antes de nacer. Si el Estado quiere desmontar la zona gris que Hazim describe, tendrá que responder con documentos, no con consignas. Y si el Congreso quiere recuperar credibilidad, tendrá que demostrar que nadie legisla para proteger su propia banca.