EE.UU debe declarar políticos corruptos del tercer mundo “terroristas financieros” para reducir caravanas de inmigrantes

Nueva York: El gobierno  del presidente Joe Biden debería considerar una vía aplicable jurídicamente, ya sea a través de una orden ejecutiva, una propuesta de ley ante el Congreso, o ampliar el alcance de la ley Magnitsky, dándole poderes vinculantes para declarar a los políticos y empresarios privados corruptos como “terroristas financieros”. De este modo, viabilizar la persecución, apresamiento y extradición de ellos a EE. UU. Esto en el entendido que la Corrupción administrativa en nuestros países es la principal causante de la desesperanza y pobreza,  forzando a los ciudadanos a buscar esperanzas de vida en EE.UU.

Los efectos de la corrupción administrativa en los países pobres, en vía de desarrollo, son peores que los terroristas, porque matan más personas en vulnerabilidad que los primeros. Por lo que hay más personas en el mundo huyendo del hambre, como consecuencia de la delincuencia política,  que refugiados por conflictos bélicos  y terrorismo.

Estados Unidos es el principal donante de ayuda exterior, solamente en 2022, anunció en la OEA una ayuda por 240 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de asistencia humanitaria a los inmigrantes que pasan por los territorios de algunos países latinoamericanos, rumbo a EE.UU.

Para la crisis migratoria venezolana de 2017, ha aportado $250 millones de dólares para refugiados y migrantes venezolanos y a los miembros de la comunidad de acogida en el Ecuador.

Y desde 2017, ha proporcionado más de $36 millones para los colombianos en el Ecuador. Acogió más de 3.5 millones de refugiados dándole asilo político y según cifras oficiales, antes de las últimas estampidas de las caravanas de inmigrantes incentivadas por la flexibilización de las leyes migratorias de Biden, situaban en más de 12 millones de indocumentados, cifras que muchas ONGs proinmigrantes estiman que  más de 50 millones de indocumentados viven en EE.UU.

En el año 2020 aportó 35, 500 millones de dólares, según(OCDE). Apoyó con 4, 000 millones de dólares para el acceso equitativo mundial a las vacunas contra el COVID-19 (COVAX). En 2019 solamente el Congreso de Estados Unidos asignó 9.500 millones de dólares para apoyar la salud pública mundial.

La pobreza general en América Latina alcanzó el 33,7% de la población, lo que significa que aproximadamente 209 millones de personas vivían en la pobreza extrema a finales de 2020, es decir, antes de la pandemia de COVID-19, por lo que es obvio que estas cifras se incrementaron en países con sistemas quebrados, fallidos, como la República Dominicana, donde existe una enorme cantidad de ciudadanos que sobreviven por debajo de los niveles de pobreza, emprendiendo las riesgosas travesías, ya sea  a través del tenebroso Canal de la Mona para llegar a Puerto Rico o por avión, vía Centroamérica para unirse a las caravanas de inmigrantes que llegan a la frontera sur de EE.UU.

Este y otros enormes sacrificios no especificados aquí de los contribuyentes americanos a los países más pobres del mundo, es concebido con el objetivo de ayudarlos en casos de emergencias por desastres naturales, desarrollo económico y reducción de la pobreza, cosa que no ha sucedido, fundamentalmente por la burocracia y la corrupción administrativa. Así,  una enorme reserva de personas han quedado atrapadas en estos países, produciendo las grandes estampidas migratorias de seres humanos que huyen del hambre, la represión y la injusticia.

Estados Unidos tiene todo el derecho para crear un marco legal de persecución de la corrupción administrativa, porque a diferencia de otros gobiernos, como el de China y Rusia, que  no ayudan, sino  que solo otorgan  préstamos con tan altos intereses que esos países no pueden pagar, terminando comprometiendo infraestructuras de seguridad nacional, quedando entrampados por esos gobiernos que, incluso, llevan a sus propios trabajadores para los proyectos de desarrollo, privando de puestos de trabajo a los países receptores, empeorando su situación económica, pero nadie migra ni a Rusia ni a China, sino, que la presión solo se siente en Estados Unidos y en  su aliada, la Unión Europea. Así que perseguir y extraditar a los corruptos sería una eficaz manera de parar el flagelo. Mientras menos pobreza, menos flujos migratorios y final de los exilios económicos.