El Faro Latino pide al MIREX revelar cuentas bancarias de la JCE en el exterior
Nueva York: En una acción sin precedentes, el periódico El Faro Latino solicitó la mañana del martes 19 de agosto al Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) de la República Dominicana, en virtud de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública (Ley 200-04), que proporcione todos los detalles relacionados con cuentas bancarias abiertas en nombre del MIREX y destinadas a la Junta Central Electoral (JCE) en el exterior.
La petición se produce en medio de una creciente tensión legal, luego de que la JCE se negara a entregar los informes financieros sobre las elecciones dominicanas en el extranjero en 2024. El Faro Latino había requerido estos documentos en el marco de una investigación periodística basada en denuncias de un presunto desfalco en las tres circunscripciones del exterior, en un esfuerzo por aclarar si hubo irregularidades con los fondos electorales o no.
El requerimiento al MIREX se desprende de un acuerdo de colaboración firmado entre esta institución y la JCE. Mediante el instrumento firmado por el canciller Roberto Álvarez y el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, ambas instituciones se comprometieron a gestionar oportunamente los permisos necesarios para la celebración de estas elecciones, conforme lo establece el artículo 126 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral núm. 20-23.
El convenio contempla que el MIREX informe a las autoridades en materia de orden público de los demás países sobre la celebración de las elecciones, agilice el despacho de las valijas electorales al exterior, brinde asistencia a la JCE para la apertura de cuentas bancarias en el extranjero, entre otros aspectos.
El uso del recurso de la Ley 200-04 está perfectamente respaldado. El Portal de Transparencia del MIREX, alineado con esa ley y su reglamento, obliga al ministerio a facilitar el acceso público a información como estructuras organizativas, base legal, informes de gestión y más.
En paralelo, la JCE, institución autónoma y presupuestalmente independiente, dispone de su propia Dirección de Acceso a la Información. Esta oficina, establecida mediante la Resolución No. 001-2006, debe responder en un plazo de 15 días según la Ley 200-04 y su reglamento, y en apenas cinco días a través del programa “JCEResponde”.
El requerimiento de El Faro Latino no solo persigue una transparencia institucional; pretende esclarecer si existió una supuesta malversación de fondos electorales destinados a la diáspora dominicana. Hasta ahora, la negativa de la JCE a compartir los informes ha levantado suspicacias, alimentadas por versiones que circulan entre comunidades en el exterior.
La batalla legal en los tribunales
El enfrentamiento entre El Faro Latino y la JCE comenzó el 22 de octubre de 2024, cuando el periódico solicitó un informe financiero detallado sobre los gastos de los fondos electorales en el exterior, amparado en la Ley 200-04. Semanas después, el 12 de noviembre, la JCE informó que se acogería a la prórroga excepcional que le concede la ley. El 11 de diciembre, al cumplirse el plazo sin entrega de los documentos, El Faro Latino acusó al órgano electoral de obstruir la investigación sobre un presunto desfalco.
El 5 de marzo de 2025, el medio sometió ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) una acción de amparo contra la JCE, su presidente Román Jáquez Liranzo y otros miembros del Pleno, por la negativa de entregar la información solicitada. El tribunal fijó audiencia pública para el 9 de abril, pero en esa fecha los abogados de la JCE pidieron una prórroga, la cual fue concedida, aplazando el caso para el 28 de mayo.
Ese día, el juez Román Arturo Berroa Hiciano, presidente de la Cuarta Sala del TSA, se reservó el fallo de forma indefinida, lo que, según El Faro Latino, constituye una denegación de justicia por omisión y una violación de la Constitución Dominicana (Art. 69, 149, 40.15), así como de leyes orgánicas de protección ciudadana como la Ley 137-11 (amparo), la Ley 200-04 (acceso a la información) y la Ley 107-13 (derechos frente a la administración).
Posteriormente, el 27 de junio de 2025, el periódico presentó una denuncia formal ante la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), acusando a la JCE de ocultar gastos de las elecciones en el exterior. El 15 de agosto de 2025, anunció que se encontraba listo para iniciar un proceso judicial en los Estados Unidos contra la JCE, fundamentando la acción en disposiciones como el 28 U.S.C. § 1782, la Bank Secrecy Act, la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y los estatutos federales contra el lavado de dinero (18 U.S.C. §§ 1956 y 1957). (Ver requerimiento):
