El modus operandi de la «organización criminal» en Operación Calamar
Santo Domingo.- La solicitud de medida de coerción explica detalladamente el modus operandi de los integrantes que integraban la “organización criminal” desvinculada mediante la Operación Calamar.
Los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, así como otros 17 implicados, están siendo acusado por el Ministerio Público de falsificar documentos públicos, como actos de notoriedad, con el fin de excluir herederos, a los que afectaron sus derechos fundamentales.
Estos imputados, demás, emitieron pagos irregulares a personas que, al momento del decreto de expropiación, no tenían derechos registrados en la parcela expropiada.
Por solo mencionar algunos actos ilícitos de la “organización criminal” compuesta por exfuncionarios peledeístas, el expediente del Ministerio Público explica que utilizaron importantes instituciones del Estado como espacios operativos de la estructura creada con el objetivo de estafar, desfalcar al Estado dominicano y tenerlo como un rehén de la corrupción.
Identificaban bienes que habían sido declarados de utilidad pública y a cuyos dueños no se les había realizado el pago del justo precio, logrando que el Estado dominicano erogara fondos en base a maniobras fraudulentas, fondos que retornaban y se traducían en grandes beneficios económicos para los funcionarios públicos y particulares que formaban parte de la referida organización criminal.
Además, emitían avalúos para el pago fraudulento de parcelas expropiadas sin los debidos soportes técnicos ni los registros correspondientes y obtenían los pagos sin cumplir mínimamente con los requisitos exigidos para los procedimientos de pago.
También realizaron pagos de expropiaciones de terrenos empleando manejos fraudulentos, es decir, sin acreditarse previamente la calidad de los reclamantes, con expedientes incompletos por ausencia de actas del estado civil, certificados de títulos y constancias anotadas, ausencia de pago de impuestos sucesorales, entre otros.
Asimismo, emitieron pagos irregulares a personas que, al momento del decreto de expropiación, no tenían derechos registrados en la parcela expropiada.
Simularon deudas basándose en la gestión del pago ante los propios funcionarios que formaban parte del entramado corrupto, sin ningún soporte.
Constituyeron empresas con nombres similares a otras empresas con activos disponibles, en esta ocasión dando por cierta la existencia de poderes que no tenían, con el fin de estafar los capitales ajenos, suplantando su personería jurídica y reclamando la titularidad de sus bienes, para obtener pagos ilícitos con fondos públicos.
Firmaron acuerdos transaccionales en el Consejo Estatal del Azúcar sin contar con la aprobación del Congreso ni del Poder Ejecutivo, de conformidad con la ley núm. 7-66.
Realizaron acuerdos de reconocimiento de deuda, en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), por trabajos adicionales en los que entre los contratos originales y los acuerdos de reconocimiento de deuda existe un promedio de 10 años entre uno y otro.
Utilizaron la Dirección de Casino y Juegos de Azar para realizar cobros ilegales a los dueños de consorcios de bancas, los cuales fueron realizados al margen de la institución, por personas asociadas al entramado y para beneficio de este, entre otras acusaciones contra los miembros de la organización criminal descompuesta mediante la Operación Calamar.
En la operación, ejecutada el pasado sábado, fueron realizados 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, logrando el arresto de 20 personas.
