El presidente de Perú es interrogado por presunta corrupción
El presidente de Perú, Pedro Castillo, llegó a la sede de la Fiscalía de la Nación para ser interrogado por el fiscal general, Pablo Sánchez, como parte de la investigación preliminar que se sigue de un presunto caso de corrupción en el actual Gobierno.
«A fin de aclarar las denuncias y especulaciones en mi contra, acudiré a la Fiscalía de la Nación en un acto de transparencia con el pueblo y colaboración con la justicia«, señaló Castillo en Twitter antes de partir caminando hacia la sede fiscal, ubicada a pocas cuadras del Palacio de Gobierno.
Castillo brindó sus declaraciones como parte de la investigación de la concesión para la construcción de un puente en la Amazonía del país; que la Fiscalía considera que pudo otorgarse a una presunta organización criminal enquistada en el actual Ejecutivo.
La Fiscalía plantea que el mandatario es el líder de esa organización, presuntamente encargada de organizar la adjudicación de obras a empresarios que colaboraron con su campaña electoral del año pasado y de nombrar a funcionarios afines a esa tarea.
Pedro Castillo adelantó que asistiría a las citaciones del Ministerio Público «para dar la cara» ante las imputaciones que se hacen en su contra.
Por este caso también están investigando al fiscal de la Nación el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva; quien se encuentra actualmente prófugo de la Justicia, y un grupo de congresistas del partido Acción Popular.
Castillo acudió a la citación fiscal a pesar de que su defensa presentó ante el Poder Judicial una demanda de «tutela de derechos»; para exigir que se anule cualquier investigación en su contra, ya que considera que goza de inmunidad absoluta mientras ejerce el cargo.
Durante esa audiencia, la Fiscalía explicó que considera que Castillo debe investigarse como «líder de una organización criminal»; enquistada en el Ejecutivo para obtener «beneficios ilegales» de contratos que suscribió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
El representante fiscal Samuel Rojas remarcó que «es la primera vez que un presidente en funciones ha sido sindicado de liderar una organización criminal enquistada en los estamentos del Estado«.
El abogado de Pedro Castillo, declaró que el Fiscal de la Nación no es competente para investigar al presidente; pues a este solo pueden acusarlo durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones, por disolver el Congreso, entre otras.
Espinoza aseguró que el mandatario ha recibido un «trato discriminatorio», porque a ningún gobernante anterior se le ha abierto una investigación mientras duró su mandato; y citó los casos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990, 2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016); imputados por lavado de activos a raíz del escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
En la actual investigación contra esos procesos, las autoridades han emitido una orden de captura contra el exministro Silva; el exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco y un sobrino de Castillo.
