El PRM se desvincula del uso de fondos Ilícitos del caso “Cobra” en campaña del 2024

Santo Domingo, RD: La política dominicana amaneció este lunes con un solo tema en la cima de la conversación pública. El denominado Caso Cobra, ventilado a través de interrogatorios judiciales y amplificado por una investigación periodística de Listín Diario, colocó al gobernante Partido Revolucionario Moderno en el centro de una tormenta que mezcla corrupción administrativa, financiamiento electoral y la credibilidad del sistema político.

El reportaje del diario, titulado “Interrogatorios: Santiago Hazim decía que todo el dinero en efectivo iba para la campaña del PRM”, expone declaraciones rendidas ante el Ministerio Público por varios de los imputados en el esquema de sobornos que operó durante años en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Según esos testimonios, una parte sustancial de los fondos obtenidos ilegalmente habría sido destinada a financiar la campaña electoral del partido oficialista.

En los interrogatorios, José Pablo Ortiz Giráldez, amigo cercano del exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, aseguró que este era “enfático” en afirmar que el dinero no tenía otro destino que no fuera la campaña del PRM. Describió entregas en efectivo realizadas en fundas negras, en calles, vehículos, restaurantes y apartamentos alquilados, y afirmó que nunca recibió su porcentaje habitual porque, según Hazim, “había que ganar las elecciones para mantenerse en el poder”.

El empresario Eduardo Read Estrella, otro de los acusados, declaró haber entregado más de RD$1,100 millones en efectivo entre septiembre de 2022 y agosto de 2025, tras un cambio en la modalidad de pago luego del estallido del caso Calamar. También señaló que, meses antes de las elecciones de 2024, Hazim le solicitó dinero “directamente para campaña”. A esto se suman las declaraciones de Cinty Acosta, propietaria de Nutrimed, quien admitió pagos en efectivo que superan los RD$536 millones y aportes puntuales vinculados a candidaturas legislativas.

El cuadro que dibujan estos testimonios es grave. Sugiere un entramado que habría evolucionado desde transferencias bancarias hacia el uso masivo de efectivo, precisamente cuando los reflectores judiciales comenzaron a encenderse. Todo ello, según los interrogados, bajo la premisa de que el dinero alimentaba la maquinaria electoral del partido en el poder.

Sin embargo, la reacción del PRM no se hizo esperar. En una comunicación formal dirigida al director de Listín Diario, Miguel Franjul, la dirección ejecutiva del partido rechazó “de manera enérgica y categórica” cualquier intento de vincular a la organización o a sus campañas con fondos provenientes de actos ilícitos.

El partido subrayó un punto clave en su defensa. No se presenta como cómplice, sino como acusador. Recordó que el actual gobierno, por instrucción directa del presidente Luis Abinader, ordenó que el Seguro Nacional de Salud se constituyera como actor civil en el proceso judicial, a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, con el objetivo de recuperar cada centavo sustraído y llevar a los responsables ante la justicia.

El PRM insistió en que su discurso anticorrupción no es retórico y que no tolera “desbordamientos éticos”. Enfatizó que las responsabilidades son individuales y que ningún delito puede ni debe escudarse en banderas partidarias. También defendió la legalidad de su financiamiento político, asegurando que todas sus campañas han sido auditadas y reportadas conforme a la ley, con informes entregados a la Junta Central Electoral y a la Cámara de Cuentas.

En un país marcado por décadas de impunidad, el partido oficialista apuesta además a otro argumento central; la independencia del Ministerio Público. Reiteró su disposición a colaborar con las investigaciones que conduce la PEPCA y afirmó confiar en que el proceso judicial avanzará “hasta las últimas consecuencias”, guiado por pruebas y no por conveniencias políticas.

La controversia, sin embargo, deja al descubierto una tensión inevitable entre el peso de los testimonios judiciales y la defensa institucional del partido gobernante. Mientras Listín Diario coloca sobre la mesa declaraciones crudas que describen flujos millonarios de efectivo y supuestos destinos electorales, el PRM se aferra a su narrativa de ruptura con las viejas prácticas y a su rol activo en el desmantelamiento del esquema.

En ese choque de versiones se juega algo más que una coyuntura mediática. Está en juego la confianza ciudadana en la política, en la justicia y en la promesa de que el fortalecimiento de la integridad pública, como afirma el propio comunicado del PRM, es un camino sin retorno.

El Caso Cobra apenas comienza a mostrar sus aristas, y será en los tribunales, más que en los titulares, donde se definirá hasta dónde llegan las responsabilidades y quién dice finalmente la verdad.