San Salvador, El Salvador: El Congreso de El Salvador aprobó un proyecto de ley que penaliza la difusión de mensajes de las pandillas, incluso por parte de los medios de comunicación, en una campaña contra estos grupos criminales responsables de que el país centroamericano tenga una de las tasas de homicidio más altas del mundo.
Bukele defendió este martes las medidas aprobadas por la Asamblea legislativa -de mayoría oficialista- destinadas a sancionar a los medios y periodistas que reproduzcan mensajes de las llamadas maras.
«Y no me importa lo que digan los organismos internacionales», agregó el mandatario durante un acto de graduación de un nuevo contingente de policías y soldados.»Que vengan a llevarse a estos pandilleros si tanto los quieren. Se los entregamos todos, al dos por uno».
No se mucho sobre la gestión del Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pero me parece excelente esta medida…
Latinoamérica está plagada de criminalidad y se le da demasiada importancia a los derechos humanos de asesinos, y no a los derechos humanos de inocentes. pic.twitter.com/Dv6NFt7gR3
— Javierhalamadrid (@Javierito321) April 6, 2022
Las polémicas reformas también incluyen la prohibición de grafitis alusivos a las pandillas y la incautación y uso posterior de bienes y armas para combatirlas.
Bukele además amenazó con dejar morir de hambre a los pandilleros presos si en la calle sus grupos comienzan a «vengarse» por el régimen de excepción declarado tras una escalada de asesinatos que ya ha cobrado más de 80 víctimas mortales y ha provocado la detención de más de 6.000 pandilleros, según el gobierno.
Presidente @LassoGuillermo a ver si entiende como se trata a los criminales y deja de asesorarse de la #ONU y organismos internacionales de "DDHH", esos que le encantan a su secretaría @BernardaOM. Ojalá todo progre que vea este video le arda el alma y llore. Grande @nayibbukele pic.twitter.com/BfvC4NgTPh
— Felipe León (@felipeleon88) April 6, 2022
El presidente salvadoreño también ha solicitado la construcción de un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad para 20.000 presos, que se convertiría en el más grande del país. Bukele no detalló en qué lugar se construiría ni cuándo estaría listo.
Algunos sectores de la oposición salvadoreña y diversas ONG han criticado al mandatario y creen que sus medidas son exageradas.
La oficina de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos también ha expresado preocupación por los anuncios del gobierno.
Excelente presidente @nayibbukele ? pic.twitter.com/HkNhWPhrsx
— Fernand? (@Eleganci10) April 1, 2022
«Reconocemos los desafíos que plantea la violencia de las pandillas en El Salvador y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, es imperativo que esto se haga de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos», aseguró este martes su portavoz, Liz Throssell.
Sanciones para los medios
La Asamblea Legislativa votó a favor de reformar el Código Penal para sancionar a cualquier medio de comunicación que reproduzca o transmita «mensajes o comunicados originados o presuntamente originados» por pandillas.
Originalmente propuesta por el presidente Bukele, la iniciativa -que los medios locales han bautizado como «Ley mordaza»- fue aprobada con los votos de 63 congresistas (de los 84 en el Parlamento), sin estudios previos ni discusión legislativa.
▶ El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, amenazó con recortar la comida en las cárceles si aumenta la violencia pandillera
“Derechos Humanos habla en favor de los criminales”
La entrevista con Christian Guevara, diputado salvadoreño, con @Carloszup en #MILENIODelMedioDía pic.twitter.com/cXhthxFYv6
— Milenio Televisión (@mileniotv) April 6, 2022
«Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo», tuiteó Bukele, defendiendo la medida.
«Nadie dijo nada, era entendible que fuera así. Ahora nosotros haremos eso con las pandillas», añadió.
El diputado Rodrigo Ávila, del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), propuso que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales estudiara la iniciativa, pero no obtuvo suficientes votos para hacer pasar su solicitud.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes) expresó su preocupación por esta reforma que calificó como «mordaza».
«Amenaza con cárcel a los medios de comunicación y periodistas que reporten sobre una realidad que desde la actual administración (…) se busca esconder», afirmó en un comunicado. La asociación considera que las reformas son un «claro intento de censura».
«Prohibir al periodismo reportar la realidad que viven miles de personas que habitan en comunidades controladas por pandillas no surtirá ningún efecto en las vidas de las personas sino que creará un espejismo que no es fiel a la verdad«, añadió.
«No mencionar a las pandillas tampoco las hará desaparecer».
Las sanciones para quienes incumplan esta norma incluyen penas de diez a quince años de prisión.
Prohibición de grafitis
La reforma del Código Penal también sanciona la elaboración y reproducción de propaganda, mensajes, señales o grafitis alusivos a las pandillas.
Establece que quienes elaboren, participen o faciliten la ejecución de «textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis y cualquier otra forma de expresión visual en inmuebles públicos y privados», donde se transmitan mensajes explícitos e implícitos que hagan alusión a las pandillas, serán condenados con una pena de diez a quince años de prisión.
La reforma castigará especialmente a los que tengan como finalidad aludir a control territorial de las pandillas o transmitir amenazas a la población.
El diputado Guillermo Gallegos, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), ligado a Bukele, saludó la medida.
«Les cierra otro espacio a las pandillas para tratar de infundir miedo o terror y querer tomar, a través de símbolos, un control dentro de las comunidades», aseguró.
Pero Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, calificó lo aprobado como «grave«.
