Empresario acusado de fraude eléctrico por más de RD$47 millones
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) depositó ante los Juzgados de Instrucción de la provincia Santo Domingo acusación formal y requerimiento de apertura a juicio en contra del empresario Javier Francisco Álvarez Valencia, al que acusa de sustraer energía eléctrica de manera ilegal, con un valor monetario de más de RD$47 millones.
Contra Álvarez Valencia se presentó la acusación en su calidad de propietario y beneficiario del negocio Hielo El Grande, ubicado en la Avenida Emma Balaguer, No. 31, del sector El Cacique II, municipio Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo.
En el sitio se identificó la existencia de una conexión directa a 7.2 KV, con dos transformadores, uno de 100 KVA y uno 75 KVA, fuera del medidor para una manipulación del suministro.
A través de este ilícito, el acusado sustrajo la energía de manera ilegal, con un valor monetario que asciende a los RD$47,747,272.88, siendo así establecido en la tasación realizada por la distribuidora y revisado y aprobado por la Superintendencia de Electricidad (SIE).
Se informó que el acusado Javier Francisco Álvarez Valencia se encuentra prófugo y que ha sido emitida en su contra una orden de arresto, ya que no se ha presentado ante las autoridades de la Pgasea.
El órgano persecutor indica en un comunicado de prensa que la actuación realizada por el infractor supone una franca violación a Ley General de Electricidad No. 125-01, modificada por la Ley No. 186-07, en sus artículos 124-2, 124-3, 125, literal A; 125-2, literal A, numeral 3, y 125-2, literal B, numeral 4; siendo calificados como Atentado contra el Sistema Eléctrico y Fraude Eléctrico, en perjuicio de la víctima Edeeste, S.A., y el Estado dominicano.
El procurador de corte José Aníbal Carela, titular interino de la Pgase, indicó que la institución está comprometida con la tarea de la persecución y supresión de estos ilícitos penales, a través de las acciones que correspondan. A su vez, dijo que está compelida a proteger los intereses de la sociedad que se ven perjudicados por la práctica de la sustracción de energía de forma fraudulenta.
