En la PGR llegaron a falsificar firmas de empleados para beneficiar a compañías en las licitaciones
Santo Domingo.- Durante la gestión de Jean Alain Rodriguez como procurador se realizaron falsificación de firmas de empleados para beneficiar a compañías durante procesos de licitaciones, expresa el expediente del Ministerio Público sobre el caso Medusa.
“Los acusados Johannatan Loanders Medina Reyes y Francis Ramírez Moreno no tan solo suplantaron la firma del Presidente del Comité de Compras y Contrataciones, señor Víctor Manuel Lora Imbert, sino que de manera criminal falsificaron su rúbrica y luego de estampada en un documento físico”, expresa el documento.
Además, los acusados digitalizaron los documentos para posteriormente cortar el recuadro que contiene su firma en el documento digital para ser pegado o superpuesta en una serie de documentos pertenecientes a los procesos de compras y contrataciones de la Procuraduría General de la República.
Estas prácticas formaban parte de las maniobras fraudulentas llevadas a cabo por la estructura de criminalidad organizada que manejaba los procesos de compras de la institución para favorecer de manera particular a entidades que guardaban vínculos con los principales miembros de la estructura, y otras a la cuales exigían soborno para adjudicarles las obras por medio de los procedimientos de Licitación Pública Nacional.
Estas acciones fraudulentas respaldadas por los miembros de Comité de Compras y Contrataciones Públicas de la Procuraduría General de la República, y los acusados Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Isis Tapia Steffani, Félix Antonio Rosario Labrado.
Es justo señalar que el señor Víctor Manuel Lora Imbert, como parte de la estructura, había aceptado firmar las actas a sabiendas de que eran impuestas por el comité de facto y que eran para favorecer a empresas afines al entramado y con la intención de estafar al Estado Dominicano.
La acusada Isis Tapia Steffany a sabiendas de las irregularidades del comité de compras, avalaba dichas actuaciones realizando los contratos, y adendas a los mismos, de las compañías que habían sido adjudicatarias, y remitiendo los referidos contratos a la dirección financiera para ejecutar y gestionar los pagos.
Además, formó parte de las maniobras fraudulentas que configura el tipo penal de coalición de funcionarios orquestada a los fines de estafar al Estado Dominicano por medio de los procesos de Licitación Pública Nacional y Comparación de Precios.
