Entidades empresariales RD rechazan hacer pagos para el comercio exterior
SANTO DOMINGO.-Tres organizaciones empresariales consideraron contraproducente y carente de toda justificación la resolución del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), mediante la cual se establecen tarifas para autorizar transacciones relacionadas con el comercio exterior, incluyendo las de exportaciones de los productos fabricados en el país.
Las asociaciones de Industrias de la República Dominicana (AIRD), de Exportadores (ADOEXPO) y de Zonas Francas (ADOZONA) declararon que a través de la Resolución No. 000026. el MISPAS busca imponer una tarifa a cada solicitud de exportación e importación que se haga a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
Señalan que esta resolución deja de lado el hecho de que las exportaciones deben gozar de tasas cero y estar libres de impuestos y tarifas.
Expresan que dicho Ministerio ebió haber sometido a consulta pública la referida resolución para que los afectados pudieran expresarse, como manda la ley 107-13, o por lo menos haber sido discutida en el Consejo Consultivo de la propia VUCE, el cual está integrado por instituciones públicas y privadas.
AIRD, ADOEXPO y ADOZONA definen el hecho como «una nueva traba burocrática para exportar, que además de irregular se produce en un momento en que el país lo que más necesita es reactivar y fortalecer el comercio con los mercados extranjeros, generar divisas, crear empleos, la facilitación de comercio y la competitividad».
Indican que los sectores productivos esperan que Salud Pública, en lugar de establecer tasas o tarifas, se centre en agilizar las emisiones de los registros sanitarios, los cuales «lamentablemente mantienen retrasos y trabas excesivas, a pesar del clamor y empeño que el sector privado ha puesto para que la expedición de los mismos sea más ágil».
Las organizaciones empresariales muestran su disposición de colaborar con las autoridades para la agilización de los procesos y controlar a su vez el cumplimiento, tanto de los registros sanitarios, como de la calidad de los productos fabricados en el país, como de los importados, para que esto no constituya una competencia desleal en el mercado interno, en desmedro de la producción local.
