Entre la ley y el delito: honorables legisladores electos con prontuarios
La solemne tarea de crear las leyes recae sobre 222 legisladores que deben representar a la población en este proceso de construcción social. Sin embargo, tras los comicios del pasado 19 de mayo, varios congresistas, entre senadores y diputados (algunos de los más votados en su circunscripción), pasarán a ocupar una curul a pesar de enfrentar o haber enfrentado acusaciones judiciales.
En la Cámara Alta, Bernardo Alemán Rodríguez, senador electo de Montecristi por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), representará a su provincia pese a su prontuario de enfrentamientos con las autoridades por presuntas agresiones sexuales a dos menores y alegada vinculación a la muerte del exdiputado Antonio Fernández (el Pollero).
Alemán es un legislador experimentado; fue senador para los períodos 1998-2002 y 2002-2006, y diputado del 2016 al 2020.
Asimismo, el actual senador Antonio Marte será juramentado el 16 de agosto por segunda ocasión como representante de Santiago Rodríguez por el Partido Primero la Gente. Este empresario del transporte fue condenado por corrupción en el caso del Plan de Renovación del Transporte, por su implicación en un fraude de más de 1,800 millones de pesos. Lo castigaron con tres años de prisión y el pago de una multa de 8 millones de pesos. Aunque la Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia en el 2008, el entonces presidente Leonel Fernández le otorgó un indulto por razones «de salud».
El actual diputado Nelson Marmolejos, de la circunscripción 3 de Santiago por el PRM, sacó 12,445 votos, convirtiéndose en uno de los más votados de su demarcación. El legislador enfrenta una investigación por su presunta vinculación con el caso de lavado de activos provenientes del narcotráfico denominado Operación Falcón.
Otra vinculada a la operación Falcón es la también legisladora del PRM, Faustina Guerrero Cabrera, mejor conocida como Grey Maldonado.
El más votado de la circunscripción 3 del Distrito Nacional también se encuentra bajo escrutinio. El actual diputado oficialista Sergio -Gory- Moya de la Cruz fue señalado como la persona que presuntamente estaba al frente de una estructura criminal creada para distraer fondos de bancas de lotería, deportivas y colmadones, con la coautoría del Ministerio de Hacienda. La acusación se dirime en la justicia en el caso Calamar.
Otro caso es el de Kimberly Taveras, exministra de la Juventud por cuatro meses, quien renunció a su cargo por investigaciones en su contra por tráfico de influencia. Se le acusaba de que sus empresas suplían a varios ayuntamientos, en violación a la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones.
En los pasados comicios congresuales y presidenciales, Taveras se convirtió en la diputada más votada de la C5 de Santo Domingo.
