Envían a juicio a mujer acusada de quemar una perra con agua caliente
SANTO DOMINGO.- Mildred Margarita Victoria, la mujer de 29 años acusada de quemar a una perra con agua caliente mientras se guarecía con sus cachorros de la lluvia bajo la escalera del edificio en donde reside la imputada, negó que maltratara al animal.
Victoria aseguró que, el día de la agresión, el 8 de abril del 2025, en horas de la tarde, no se encontraba en su casa en la calle Américo Lugo, del sector Villa Juana, porque trabaja y que, además, nunca sometería a un animal a semejante crueldad debido a que se definió como una «animal lover«, que posee «pececitos», «pajaritos» y «hasta un chihuahua» que rescató de la calle.
«Yo soy una madre luchadora, soltera, que me dedico únicamente a mi hija y a mis animalitos, no sé de qué se me está acusando porque soy una animal lover«, aseguró.
La envían a juicio
La jueza del Segundo Juzgado de Instrucción, Patricia Padilla, acogió los elementos de pruebas presentados por el Ministerio Público y dictó apertura a juicio de fondo contra Victoria y rechazó los argumentos de la imputada.
La magistrada rechazó los argumentos de la imputada y de su abogado Becquer Dukaski Payano Taveras, quien arguyó que los testigos presentados por la fiscalía no pueden «acreditar ese evento», de que su defendida puso a hervir agua en una olla en su estufa y luego se la tiró a la perra.
Según defensores de los animales, la perra resultó quemada en un 80 por ciento de su cuerpo y se recupera en hogar refugio actualmente.
Lourdes Rodríguez, de la Fundación Protección Animal Nacional y Hogar Canino Rodríguez, afirmó en enero que no era la primera vez que Victoria agredía a la perra, un día antes de echarle el agua caliente le había lanzado ácido de batería.
Afirma que en una primera ocasión, le dio también «una patada» a la perra preñada, que provocó que murieran los cachorros de ese embarazo.
La jueza del Segundo Juzgado de Instrucción le ratificó la medida de coerción a la mujer, consistente en presentación periódica al tribunal y una garantía económica que, según los que la acusan, es de ocho mil pesos.
