¿Es ilegal que los legisladores vendan sus exoneraciones para importar vehículos?
Durante su encuentro semanal con la prensa de ayer, el presidente Luis Abinader se mostró a favor de que los legisladores limiten sus exoneraciones de vehículos, un privilegio del que gozan desde hace 58 años y que es cuestionado por su venta a terceros.
Aunque en el Congreso Nacional han surgido propuestas para recortar las exoneraciones, ninguna ha prosperado, siendo la más reciente el proyecto que se retiró de reforma fiscal, que buscaba derogar la ley que dio base a que los diputados y senadores puedan importar dos vehículos sin pagar impuestos en cuatro años.
“Nuestro deseo es ese (…) Yo quisiera que los legisladores asumieran esa idea nuestra de limitarse las exoneraciones: limitarse a una y limitar el monto también”, dijo Abinader.
La apertura de la ley vigente ha permitido que se traigan unidades de lujo y deportivas a nombre de los legisladores, quienes venden este beneficio a particulares y dealers. Entre el 2020 y julio del 2024, entraron al país 499 vehículos bajo este privilegio, de los cuales más de 170 corresponden a modelos de lujo y deportivos, de marcas como Ferrari, Lamborghini, Porsche y Rolls-Royce. El sacrifio fiscal representó 2,140 millones de pesos.
La ilegalidad
La venta de estas exoneraciones, que deberían ser exclusivas para el uso de los congresistas, permite que los vehículos ingresen al país con matrículas a nombre de los legisladores, lo cual, resaltó el abogado, se realiza “a plena conciencia de que es ilegal”.
Añadió que la práctica de reventa no solo viola la Ley de Aduanas, sino que podría configurarse dentro de la ley de lavado de activos, que sanciona la evasión de impuestos como una modalidad de crimen organizado, en algunos casos con consecuencias similares a las del terrorismo.
El jurista concluyó que esta situación solo es posible debido “a la falta de acción” de la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), y propuso que las exoneraciones sean sustituidas por un aumento en el salario de los legisladores para evitar que busquen ingresos adicionales.
“Esto es una forma de evasión fiscal que el Estado permite, y mientras las autoridades no actúen, seguirá habiendo impunidad total en el manejo de las exoneraciones“, sentenció.
Opinión contraria
El abogado Cirilo Guzmán, quien fue fiscal y beneficiario de exoneraciones de vehículos en el pasado, considera que la reventa de estos derechos no viola la normativa.
Guzmán explicó que, aunque la Ley de Aduanas establece limitaciones sobre la transferencia de vehículos exonerados, una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia permite que los legisladores vendan sus vehículos mediante un contrato de venta registrado, lo que, según él, otorga legalidad a la transacción.
“Si la ley lo permite, se debe respetar. No es cuestión de debilidad en el sistema”, sostuvo.
Subrayó que la normativa actual permite a los legisladores obtener hasta dos exoneraciones y que la prohibición de transferir los vehículos solo aplica en los primeros cinco años de adquisición. “La ley no impide que un legislador venda su exoneración o el vehículo; es la voluntad de las partes, y si se hace un acto de venta, ese acto tiene plena validez legal”, señaló el abogado.
Guzmán también comentó que la cuestión de las exoneraciones es, en parte, un asunto ético. Insistió con que, mientras la ley otorgue este beneficio, los funcionarios están en su derecho de aprovecharlo sin consecuencias legales.
“Si la ley lo permite, se debe respetar. No es cuestión de debilidad en el sistema, sino de aplicar la normativa vigente”, concluyó Guzmán, al aclarar que las exoneraciones de fiscales y jueces son limitadas a montos específicos y más restrictivas en comparación con las de los legisladores.
Debilidad de las autoridades
El abogado Manuel Mendoza, experto en asuntos penales, comentó que la debilidad de las leyes para imponer consecuencias por la venta de las exoneraciones requiere que las autoridades “se empantalonen” con medidas que frenen la práctica que calificó como “desleal”.
Mendoza explicó que, en un posible juicio, se haría difícil culpar a un legislador por el delito de la venta de las exoneraciones ya que la práctica no está penada explícitamente en la ley que permite el beneficio a los congresistas. En ese sentido, propuso que las autoridades ligadas a materias impositivas sean las que asuman las consecuencias.
