¿Es inminente un ataque de EE.UU a los carteles mexicanos?
En Washington, la palabra ataque volvió a la mesa como si fuera una opción técnica y no una decisión que incendia fronteras. Donald Trump ha dicho que contempla acciones terrestres contra carteles en México y lo ha insinuado como algo posible en el corto plazo, en un clima político donde el fentanilo ya no se narra como droga, sino como amenaza de seguridad nacional.
Del otro lado, Claudia Sheinbaum, la presidenta de Mexico ha marcado una línea roja. Cooperación sí. Intervención militar unilateral no. Ha repetido que violaría la soberanía mexicana, incluso mientras ordena a su cancillería reforzar el canal directo con Washington para evitar que el discurso se convierta en hechos.
La presión en Estados Unidos no nace de la nada. En 2023 murieron 105,007 personas por sobredosis de drogas en el país, y 79,358 de esas muertes involucraron algún opioide, según los datos finales del sistema de mortalidad del CDC. Dentro de ese universo, los opioides sintéticos, principalmente fentanilo ilícito y análogos, estuvieron presentes en aproximadamente 69 por ciento de todas las muertes por sobredosis en 2023, y casi 73,000 fallecimientos involucraron opioides sintéticos distintos de metadona.
Aunque los conteos provisionales más recientes muestran una caída marcada, el propio CDC reportó cerca de 87,000 muertes por sobredosis en el período de 12 meses de octubre de 2023 a septiembre de 2024, una disminución importante que aun así deja una cifra de desastre sostenido, equivalente a la pérdida de una ciudad estadounidense entera cada año.
El patrón operativo también está bastante claro en documentos oficiales estadounidenses. La DEA sostiene que la cadena contemporánea del fentanilo se apoya en químicos precursores provenientes en gran medida de China, con producción y prensado a gran escala en México por organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el CJNG, y distribución final en el mercado estadounidense.
Es una economía criminal de logística, no un mito de frontera. Cuando baja la oferta, los números tienden a moverse. Un análisis reciente incluso vinculó el descenso de sobredosis con acciones de control sobre químicos en China que habrían interrumpido parte del suministro.
Brookings recopiló estimaciones que sitúan los ingresos por exportación de drogas desde México en un rango aproximado de US$6,000 a US$21,000 millones anuales (2010–2018), y el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. estimó que el contrabando de efectivo hacia México oscila entre US$19,000 y US$29,000 millones al año (estimación publicada en 2010).
Un reporte del Congressional Research Service agrega otra pista sobre escala, al señalar que solo Sinaloa llegó a ser estimado con ganancias anuales de miles de millones de dólares en su apogeo, aunque estas cifras varían por fuente y método.
En ese contexto, el Congreso estadounidense también está empujando el tablero. Existe una propuesta formal de autorización de uso de fuerza contra ciertos carteles mexicanos, presentada como H.J.Res.81, que muestra hasta dónde llegó la idea de convertir el combate a carteles en un marco de guerra. Pero una propuesta no es una orden de operaciones, y dentro del propio establishment hay advertencias de que un choque con México sería estratégica y legalmente explosivo.
Entonces, la pregunta real no es si Washington puede golpear, sino cómo. Un ataque militar abierto dentro de México sigue siendo difícil de imaginar sin algún grado de coordinación, porque implicaría una ruptura diplomática mayor y un costo regional inmediato. Lo que sí luce más plausible es un aumento de acciones discretas, inteligencia, operaciones de interdicción, apoyo a capturas, presión financiera, y opciones militares preparadas como amenaza latente.
Reuters ha reportado que la administración Trump ha pedido opciones al Pentágono, y que se ha discutido incluso la posibilidad de ataques con drones, aunque funcionarios han dicho que la acción no parecía inminente en ese momento.
La otra capa es la incomodidad mexicana, soberanía e infiltración pueden coexistir. Hay corrupción comprobada en niveles altos del gobierno y de seguridad en México, y el caso García Luna en Estados Unidos se volvió un símbolo de hasta dónde pudo llegar la complicidad gubernamental.
También hay acusaciones en tribunales y testimonios de narcos sobre pagos a políticos, pero esas narrativas requieren evidencia corroborada para no convertirse en propaganda de conveniencia.
Qué señales dirán si el discurso se vuelve operativo. Un anuncio con base legal clara en Washington, avances reales en una autorización tipo Authorization for Use of Military Force (AUMF) que en español significa, “Autorización para el Uso de la Fuerza Militar”.
AUMF, movimientos visibles de despliegue o reglas de uso de fuerza, y un cambio en el tono de México hacia un acuerdo específico.
Mientras eso no ocurra, la palabra ataque seguirá funcionando como advertencia política en un mercado de dolor donde la mercancía final se consume y mata en Estados Unidos, pero la línea de producción opera al sur de la frontera.
