España prevé regularizar a medio millón de inmigrantes, la mayoría latinoamericanos
A contracorriente de buena parte de Europa, donde predominan políticas más restrictivas, el gobierno español ha aprobado un plan de regularización de inmigrantes que podría beneficiar a unas 500.000 personas, en su mayoría latinoamericanas.
La medida permitirá regularizar a alrededor de “medio millón de personas” que se encuentren en España desde al menos cinco meses, que hayan llegado antes del 31 de diciembre de 2025 y que no tengan antecedentes penales, explicó la ministra de Migraciones, Elma Saiz, en la televisión pública.
El plan, aprobado este martes en el Consejo de Ministros, prevé que las tramitaciones se inicien a partir de abril y se extiendan hasta el 30 de junio, de modo que las personas regularizadas puedan “trabajar en cualquier sector, en cualquier lugar del país”, detalló la ministra.
“Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en los derechos humanos, en la integración y compatible con el crecimiento económico y la cohesión social”, afirmó Saiz en rueda de prensa.
El Gobierno español, liderado por el socialista Pedro Sánchez, es una excepción en materia migratoria dentro de la Unión Europea, en contraste con el endurecimiento de las políticas de muchos países del bloque, impulsadas por la extrema derecha.
“Somos un país que defiende un modelo migratorio legal, seguro, ordenado, pero también abierto y humano frente a quienes abogan por cerrar nuestras fronteras”, afirmó Sánchez recientemente.
Según el presidente, “el 80% del crecimiento económico” de España en los últimos seis años y el 10% de los ingresos de la Seguridad Social se deben a la migración.
El desempleo en España cayó por debajo del 10% en el cuarto trimestre de 2025, y la mayoría de los nuevos empleados son extranjeros, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística.
Antecedentes y contexto
En noviembre de 2024, Sánchez ya había anunciado una reforma del reglamento de extranjería para regularizar a 300.000 personas por año durante el siguiente trienio, con el objetivo de paliar el envejecimiento de la población, en un país donde el número de nacimientos se redujo un 25,6% desde 2014.
España cuenta con 49,4 millones de habitantes, de los cuales 7,1 millones son extranjeros. A 1 de enero de 2025 residían unos 840.000 inmigrantes irregulares, principalmente de América Latina, según el centro de investigación Funcas.
Para facilitar su aplicación, el Gobierno aprobó el plan mediante un real decreto, que no requiere votación parlamentaria, dado que el Ejecutivo no cuenta con mayoría.
Estas regularizaciones, orientadas a apoyar la economía nacional, se producen tras un pacto entre el Gobierno y Podemos, partido de extrema izquierda que fue socio de los socialistas pero ha sido crítico con el Ejecutivo en los últimos años.
“El racismo se combate con derechos. Si otros secuestran niños o aterrorizan a la gente, nosotros damos papeles”, declaró la eurodiputada de Podemos Irene Montero, en una crítica velada al gobierno estadounidense de Donald Trump.
Críticas y apoyos
La medida también fue cuestionada por la derecha y la extrema derecha.
“En la España socialista, la ilegalidad se premia. La política migratoria de Sánchez es tan disparatada como la ferroviaria”, criticó Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, afirmando que el plan busca “desviar la atención” de la reciente tragedia ferroviaria que dejó 45 muertos en el sur del país.
Santiago Abascal, líder de Vox, escribió en X: “¡500.000 ilegales! Sánchez quiere sustituir al pueblo español y promover el efecto llamada”.
Por el contrario, sectores que defienden los derechos de los migrantes han celebrado la medida. La Iglesia católica la consideró “un acto de justicia social”.
La última regularización masiva en España se produjo en 2005, bajo el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
