Estado Dominicano demanda a Jean Alain Rodríguez y compartes por $9,200 millones de pesos
Santo Domingo, R.D.- El Estado Dominicano se constituyó en actor civil en contra del exprocurador Jean Alain Rodríguez y los demás implicados, civiles y jurídicos, en la operación Medusa.
La querella se interpuso ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) por el consejo de abogados contratados por el Gobierno. La acción judicial persigue la recuperación de los bienes del Estado que hayan sido malversados.
En el documento de la querella, el Estado Dominicano demanda una indemnización de nueve mil 200 millones de pesos, la imposición de medidas de coerción. Además, la apertura a juicio y condena contra Jean Alain Rodríguez y compartes.
La querella está firmada por los juristas Jorge Luis Polanco, Claudia Álvarez Troncoso, Namphi Rodríguez y Félix Damián Olivares. Los letrados alegan que el ex procurador Jean Alain Rodríguez y compartes se habrían constituido en coalición de funcionarios, incurrido en falsedad de escritura pública y privada. Denuncian que en asociación de malhechores también habrían estafado, desfalcado e incurrido en sobornos, lavado de activos, prevaricación, concusión y testaferrato en perjuicio del Estado.
“POR ESTA RAZÓN, LAS VÍCTIMAS CONSTITUIDAS EN PARTE CIVIL RECLAMAN UNA INDEMINIZACIÓN POR EL ORDEN DE NUEVE MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$9,200,000,000.00), EL DUPLO DE LO SUSTRAÍDO AL ESTADO DOMINICANO. EN ADICIÓN, HACE SOLICITUD DE MEDIDA DE COERCIÓN REALES Y MEDIDAS CONSERVATORIAS QUE SERÍAN DESCRITO INFRA”, ESTABLECE LA DEMANDA.
En el documento, solicitan a la PEPCA la “admisibilidad de la querella penal con constitución en actor civil, solicitud de medida de coerción real y declaratoria de inoponibilidad de la personalidad jurídica de las entidades civilmente demandas”.
Asimismo, los abogados querellantes solicitan que los demandados paguen las costas penales.
Insisten que “en tal virtud, el Estado Dominicano, dada su indiscutible calidad de víctima (por ser la persona jurídica directamente ofendida por los hechos pubiles), ha decidido presentar formal querella penal. Constituirse en actor civil, tal y como estableccen los artículos 59, 85, 118 y 119 del Código Procesal Penal”.
Contra quiénes es la demanda del Estado
Indican que “por igual, les incumbre a los señores Jean Alain Rodríguez Sánchez, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solando Augusto. Además, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña”. Asimismo, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte.
Incluyen también a Miguel José Moya, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Johannatan Loander Medina Reyes, Jocelyn Santiago, Samuel Sena, José Miguel Estrada Jackson.
Se agrega, Rolando Rafael Sebelén, César Nicolás Risik Pimentel, Rafael Stefano Canó Sacco. Y las empresas Desarrollo Individuo y Organizaciones (DIO), Rogama SRL, Inversiones Swaziland SRL, Ropalma SRL, Distribuidora Ropi SRL.
La querella abarca a Divamor Group SRL, Empresa Panificadora J y N SRL, Comercial Viaros, ACBS Servicios SRL, Movimiento Politico Renovación y Productiva SRL.
“(…) ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LA CONDENA CIVIL QUE DEBE SER IMPUESTA DE FORMA SOLIDARIA A LOS DEMANDADOS SE CORRESPONDE A LOS HECHOS DE LA CAUSA. ADEMÁS, A LAS PRUEBAS APORTADAS EN ATENCIÓN A LA GRAVEDAD DE LA FALTA COMETIDA POR LOS IMPUTADOS Y LOS EXPONENCIALES DAÑOS Y PERJUICIOS QUE AL EFECTO EL ESTADO DOMMINICANO HA SUFRIDO”, SOSTIENEN.
