Estados Unidos sanciona funcionarios centroamericanos por corrupción
Estados Unidos anunció el miércoles sanciones contra dos expresidentes salvadoreños y 37 funcionarios y exoficiales de Centroamérica a los que vincula con actos de corrupción o que socavan la democracia en los países de la región.
En un comunicado de prensa, el Departamento de Estadoestadounidense dijo que las sanciones son contra «personas extranjeras que a sabiendas han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua».
Las sanciones incluyen el retiro de visa de entrada a suelo estadounidense a esas personas.
Entre los seis sancionados de El Salvador figuran los expresidentes Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), a quienes el Departamento de Estado implica en actos de sobornos, malversación y lavado de dinero mientras ejercían el poder público.
En un mensaje en su cuenta personal de Twitter, Funes dijo que incluir a ambos expresidentes es «un claro espaldarazo de EEUU a la reelección de Bukele», prohibida en la constitución de El Salvador. Las críticas tibias o los llamados de atención de Estados Unidos a algunas acciones del mandatario salvadoreño y de su gobierno son puras cachetadas de payaso, dijo.
En el caso de Guatemala, se sancionan a diez, entre ellas la fiscal Cinthia Edelmira Monterroso Gómez por socavar los procesos democráticos y presentar cargos penales sin fundamento con motivaciones políticas contra periodistas, según el gobierno estadounidense.
Monterroso, con denuncias en Guatemala por abuso de poder, acusó al periodista José Rubén Zamora en un caso que llamó la atención nacional e internacional por ser un crítico al gobierno de turno y por sus investigaciones sobre corrupción. El comunicador fue condenado por un caso de lavado de dinero.
Asimismo, se sancionan a los jueces Fredy Orellana y Jimi Bremer, a quienes Estados Unidos señala de socavar la democracia al autorizar acciones judiciales con motivos políticos. Ambos funcionarios han emitido resoluciones contra operadores de justicia y periodistas que han trabajado casos anticorrupción y que han salido al exilio tras denunciar persecución judicial.
Otros de los sancionados son el exministro de Gobernación, Gendry Reyes, el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Walter Mazariegos, y el presidente del Instituto Nacional de Electrificación, Melvin Quijivix Vega, por usar supuestamente su posición para inapropiadamente y contra la ley adjudicar contratos a empresas de su propiedad.
Estados Unidos también sancionó a los abogados Lesther Castellanos, actual relator contra la tortura, por tomar represalias contra una fiscal anticorrupción, y Omar Barrios, director de la Comisión Nacional Portuaria, por conspirar para intimidar y hostigar a un fiscal anticorrupción por denunciar actividades corruptas.
El gobierno de Guatemala salió en defensa inmediatamente de los sancionados. En un comunicado dijo que rechazaba y condenaba esa medida por considerar que se hacía «a través de juicios de valor y sin garantía de legítima defensa».
«(El gobierno) considera deleznable esta herramienta que, a criterio de expertos en derechos humanos de ONU, se está utilizando por los Estados Unidos para imponer jurisdicción a personas en el extranjero, perjudicando los derechos humanos de los señalados y quebrantando su presunción de inocencia y derecho al debido proceso», indicó.
Entre los diez sancionados de Honduras figuran Alex Alberto Morales Girón, exgerente administrativo de Inversiones Estratégicas de Honduras, de propiedad estatal, por apropiarse indebidamente de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19, también la exministra de Salud, Edna Yolany Batres Cruz, por defraudar al gobierno por más de 300,000 dólares al confabularse con funcionarios del Ministerio de Salud y empresarios del sector privado para otorgar contratos gubernamentales de manera indebida, según el gobierno estadounidense.
En el caso de Nicaragua fueron sancionados 13, entre ellos a Wendy Carolina Morales Urbina, actual fiscal general por socavar procesos o instituciones democráticas al utilizar la oficina del fiscal general para facilitar una campaña coordinada para suprimir la disidencia y confiscar propiedades de los opositores políticos del gobierno sin una base legal, indica.
A Urbina también se le señala por la incautación de propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales bajo leyes explícitamente diseñadas para suprimir la libertad de asociación.
Las sanciones también incluyen a varios miembros de la Asamblea Nacional nicaragüense como su primera vicepresidenta Arling Patricia Alonso Gómez, su segunda vicepresidenta Gladis de los Ángeles Báez, la primera secretaria Loria Raquel Dixon Brautigam, por participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del gobierno del presidente Daniel Ortega.
Se sancionan, además, a jueces y funcionarios que se habrían prestado para utilizar las cortes y otras instituciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos de Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, y suprimir la disidencia al despojar a los opositores políticos y críticos del régimen de la ciudadanía nicaragüense, según el Departamento de Estado.
