Esteban Cabrera propone fondo solidario con remesas para crear el Centro para la Diáspora

Nueva York. El periodista y escritor dominicano Esteban Cabrera, autor del libro “Venta de prisiones en EE.UU.: El Otro Wall Street”, ha propuesto la creación de un fondo solidario financiado mediante un impuesto simbólico a las remesadoras, con el objetivo de establecer el Centro para la Diáspora, una institución pública dedicada a brindar asistencia integral a dominicanos deportados, jubilados, envejecientes y retornados que hoy enfrentan abandono, exclusión y falta de apoyo del Estado.

La propuesta plantea aplicar una tasa mínima de 0.50 centavos de dólar por cada envío de remesa, gravando únicamente las ganancias millonarias de las empresas remesadoras, sin afectar al emisor ni al receptor. Este esquema podría generar unos US$10 millones anuales (aproximadamente RD$590 millones de pesos dominicanos) para desarrollar programas de reintegración social, salud, vivienda digna y atención legal para una comunidad que ha sido columna vertebral de la economía dominicana durante décadas.

“Es inaceptable que quienes más aportan al país, con remesas que en 2024 superaron los US$10,756 millones, no tengan ninguna estructura pública que los represente ni los ampare cuando regresan o son deportados”, denunció Cabrera, quien en su libro documenta con crudeza el drama de los dominicanos repatriados desde cárceles privadas en EE.UU. y Europa.

Deportados, jubilados y olvidados

“Cada semana, decenas de ciudadanos dominicanos son deportados al país tras cumplir condenas en el extranjero. Aunque la mayoría ha saldado sus deudas con la justicia, son entregados en aeropuertos sin orientación, sin vivienda, sin empleo y con el estigma de su historial penal. Paralelamente, muchos migrantes jubilados que desean pasar sus últimos años en su tierra natal enfrentan un sistema de salud excluyente, altos costos de vivienda y la inexistencia de políticas de acogida o son estafados por delincuentes inmobiliarios”, expresa el libro “Venta de prisiones en EE.UU.: El Otro Wall Street” en el capitulo dedicado a los dominicanos deportados desde cárceles privadas.

El Centro para la Diáspora funcionaría como una institución pública  administrada por el estado dominicano con sedes tanto en República Dominicana como en ciudades clave donde reside la diáspora, incluyendo Nueva York, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia y Madrid. Ofrecería atención psicológica, asesoría legal y migratoria, programas de salud, orientación laboral y acceso a viviendas subsidiadas para retornados y envejecientes.

Una de las prioridades del fondo sería la construcción de complejos habitacionales con precios accesibles y créditos blandos, exclusivos para dominicanos del exterior que regresen al país. La propuesta contempla incluso un modelo de alquiler con opción a compra, destinado a dignificar el regreso de quienes han aportado al desarrollo nacional desde lejos.

Diputados de ultramar y presidente Luis Abinader

Cabrera dijo que muy bien los siete diputados de ultramar que pertenecen a la bancada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) pudieran hacer suya esta propuesta y someter un proyecto de ley conjunto que de seguro obtendría el apoyo determinado del presidente dominicano, Luis Abinader, quien ha demostrado su preocupación por el bienestar de la diáspora. Es una oportunidad de oro para que Kenia Felicia Bidó Parra de Dell Áquila,  Norberto Rodríguez Vásquez, Cirilo Ustacio Moronta Then, Adelis de Jesús Olivares Ortega,  Edward Enrique Cruz Asunción, Julio Cesar López Peña y Angélica Natividad Novas Sierra se casasen con la gloria en la cúspide de sus carreras legislativas.

“Si aprovechan la mayoría legislativa en ambas cámaras y el apoyo partidario creo que podrían conseguirlo rápido, incluso con apoyo de la oposición. Con los 5 millones de dólares y otros aportes que haría algunos de los beneficiarios, el programa podría ser autosostenible.

Las remesadoras, el gran negocio sin retorno

Según estimaciones, empresas intermediarias como Western Union, Ria, MoneyGram y Caribe Express generan más de US$350 millones anuales solo en comisiones y márgenes de cambio. Sin embargo, ni un centavo de ese flujo ha sido utilizado por el Estado para atender a los dominicanos que lo hacen posible.

Durante la pandemia, cuando la economía colapsó y el país se paralizó, la diáspora no dejó de enviar remesas. Sostuvo a miles de familias y evitó una crisis humanitaria mayor. Hoy, sin embargo, los retornados carecen de representación, salud, vivienda y protección. “El dominicano en el exterior envía dinero toda su vida, pero cuando vuelve no tiene casa, ni salud, ni representación. Eso tiene que cambiar”, subraya Cabrera.

Su propuesta no solo busca justicia social, sino también provocar un debate nacional e internacional sobre el papel económico de la diáspora y la deuda histórica del Estado con quienes, aún en el exilio, han mantenido viva la economía dominicana.

¿Sería justo cobrar a las remesadoras cincuenta centavos por cada envío para garantizar que ningún deportado duerma en las calles o se convierta en un potencial delincuente y ningún migrante jubilado muera en el olvido? La respuesta, según Cabrera, está en manos de los diputados de ultramar, el gobierno y de una comunidad que ya ha dado demasiado.