Exigen que el NYPD elimine base de datos de pandilleros señalada de prejuicios raciales

Una lista del NYPD que contiene por lo menos 17,500 nombres de jóvenes señalados de ser presuntos pandilleros, ha sido por años rechazada por líderes comunitarios y defensores, quienes señalan que ha sido utilizada por autoridades para criminalizar a comunidades vulnerables con un sesgo de prejuicio racial.

Y tras una larga batalla de varios años que activistas han dado para que el NYPD elimine esa lista, de la que denuncian 99% de los nombres que contiene son latinos y negros, este lunes manifestantes se pararon a las afueras de la Oficina del Inspector General de la Policía (Entidad independiente del NYPD) para pedir una vez más la abolición de dicha base de datos y exigir que se revele de manera pública los hallazgos de una auditoría que esa entidad realizó a la Uniformada.

Los manifestantes, miembros de la Coalición G.A.N.G.S, hicieron un llamado a las autoridades y la Administración del alcalde, Eric Adams para que saquen a la luz los resultados de la investigación que adelantó la Oficina del Inspector General de la Policía, que presuntamente aseguran, evidenciarían que la base de datos de pandilleros del NYPD ha sido construida de manera injusta, motivada por prejuicios contra negros y latinos.

“Es una falta de respeto para la gente de nuestras comunidades que la Oficina del Inspector de la Policía no muestre los resultados de la investigación que le hicieron al NYPD cuando nos han dicho que ya terminaron el reporte”, aseguró Josmar Trujillo, miembro de la Coalición G.A.N.G.S., quien manifestó que la Administración Municipal no quiere reconocer que el NYPD ha cometido fallas graves y abusos contra jóvenes de bajos recursos de comunidades sobrevigiladas.

“Pienso que el reporte no lo han querido hacer público por preferencia del Alcalde. Él quiere que la policía siga haciendo lo que le da la gana y no quiere un reporte que posiblemente va a poner molesta a la gente y generar controversia, pues esa base de datos está llena de gente que no ha cometido delitos y a la que han puesto ahí sin que siquiera sepamos por qué ni cómo”, agregó el activista, quien exigió a la Ciudad que sea transparente. “Ellos dicen que hay como 17,000 nombres en esa base de datos, pero compañeros de leyes piensan que hay 40,000 nombres y hasta más. Es posible. Yo no le creo nada a la policía, y es por eso que necesitamos que la agencia del Inspector General les exija documentos y revelen públicamente todo lo que han encontrado”.

Trujillo también le pidió al Concejo Municipal que agilice el trámite de un proyecto que fue introducido en el órgano legislativo este año, con el apoyo de 17 concejales, que busca por ley que la base de datos de presuntos pandilleros sea abolida y que además impediría que la policía cree una herramienta similar para reemplazarla.

Antony Posada, abogado de la asociación Legal Aid exigió a la Oficina del Inspector General de la Policía que presente el reporte de la auditoría que hizo al NYPD lo más pronto posible, pues advirtió que la base de datos de pandilleros creada por la Uniformada ha destruido las vidas de muchos jóvenes que jamás han cometido ningún delito, y cuyos nombres fueron puestos en la lista sin fundamento real.

“Tenemos que seguir poniéndole presión a la Oficina del Inspector General de la Policía para que haga su trabajo, porque esencialmente ellos ya tienen un reporte hecho y lo que pedimos es que lo muestren. Ya tienen la información lista, y simplemente por razones políticas o lo que sucede detrás del telón, no lo quieren compartir. Con eso le están haciendo un grave daño a nuestras comunidades“, aseguró el defensor. “Si se permite que esa lista siga, la policía va a continuar usando esa base de datos secreta impactando negativamente a nuestra gente, pues tenemos evidencia directa de como la simple etiqueta de ser puesto como un pandillero, ha arruinado vidas de personas, tanto en la calle como en las cortes”.

El abogado agregó que la base de datos de pandilleros ha afectado también de manera injusta procesos migratorios de personas que no tienen antecedentes penales ni han sido acusados de ningún crimen.

“Esa lista incluso ha puesto a inmigrantes que no han cometido delitos, en procesos de deportación, solo por aparecer en esa lista sin ninguna evidencia ni nada que pruebe que son pandilleros. El Gobierno está usando un documento que la policía les da, sin mostrar antecedentes penales ni nada y están poniendo a inmigrantes de nuestras comunidades en riesgo de deportación”, afirmó Posada.

Tania Matos, de la organización Envision Freedom Fund, se sumó al llamado a que se elimine la base de datos de presuntos pandilleros y se haga público el reporte, y pidió al NYPD que asuma su responsabilidad ante los atropellos que afirma, han cometido contra miles de neoyorquinos vulnerables puestos en esa lista.

“Quiero preguntar qué es lo que están intentando esconder al no presentar el informe. Incluso sin este reporte sabemos que en muchas maneras esa base de datos racista está criminalizando a miles de personas y arruinando sus vidas”, aseguró la activista. “Esta Administración no quiere que el reporte vea la luz, porque prueba que el sistema no funciona, que es corrupto y destruye vidas bajo el pretexto de que se trata de algo de seguridad pública. Además, tanto DHS (Departamento de Seguridad Nacional) como ICE (‘La Migra’) usan esa información para justificar la sobrevigilancia a las comunidades inmigrantes”.

La manifestante agregó que llevan años exigiendo transparencia a la policía sobre la base de datos de pandillas, luego de que en el 2017 el NYPD realizara un operativo en el que arrestó a 120 personas en la Gran Manzana, a quienes presentó como pandilleros peligrosos y arrestaron basados en la lista, muchos de los cuales, según dijo, no tenían nexos con actividades criminales.

“Hemos pedido por más de 5 años que examinen eso. Esa base de datos se tiene que abolir y deben hacerlo ya. Sin transparencia y sin que el NYPD responda por sus actos, no habrá justicia ni seguridad pública”, advirtió la joven.

Babe Howell, profesora de derecho de la escuela de leyes de CUNY, manifestó que la base de datos de pandillas está haciendo un daño irreparable en las comunidades y pidió a la Oficina del Inspector General que no se convierta en cómplice de abusos al no revelar lo que encontró el reporte.