Exministro de Hacienda Donald Guerrero es citado nueva vez por la Procuraduría para ser investigado tras desfalco administrativo de 21 mil millones de pesos durante Gobierno de Danilo Medina
Santo Domingo. La Procuraduría General de la República interrogó esta mañana al exministro de Hacienda Donald Guerrero y esta tarde lo hará con el exadministrador del Banco de Reserva, Simón Lizardo Mézquita, ambos están siendo investigados por el pago irregular de 21 mil millones de pesos, incluyendo los 11mil 500 para hormigón asfáltico caliente.
El exfuncionario Guerrero llegó a la Procuraduría a las 10:00 de la mañana y de inmediato pasó al antedespacho de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, en el tercer piso del edificio de la Procuraduría.
Mientras que para las 2:00 de la tarde fue citado Lizardo Mézquita para que explique sobre el manejo que dio a los recursos administrados en el Banco de Reservas y los supuestos pagos irregulares efectuado en esa institución bancaria.
La procuraduría general de la República, Miriam Germán Brito, dirige la investigación por corrupción que involucra a ambos exfuncionarios.
Esta es la quinta ocasión que el organismo acusador interroga a Guerrero y la cuarta a Lizardo Mézquita , a quienes se les atribuye haber cometido irregularidades en el pago de 21 mil millones de pesos, incluyendo los 11mil 500 para el pago de hormigón asfáltico caliente, durante le gestión de Gonzalo Castillo en Obras Públicas.
En los interrogatorios participan los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quienes interrogaron a Guerrero Ortiz la semana pasada.
La labor del Ministerio Público parte de una denuncia pública del titular de la Dirección General de Presupuesto, José Rijo Presbot, quien alertó sobre pagos irregulares a contratistas, ocurridos en la última etapa de las gestiones de Danilo Medina (2012-2020), de alrededor de 21,000 millones de pesos, pero las indagatorias se extienden a otros hechos.
